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Mendoza

Mediamañana Incidente en Adolfo Viernes, 10 de Agosto de 2018

¿Qué les espera ahora a los propietarios de la agroveterinaria Adolfo?

El fiscal de la causa, Javier Giaroli, anticipó posibles desenlaces judiciales para la pareja.

Foto: fiscal Javier Giaroli (archivo)

10/08/2018. Este miércoles, los propietarios de la famosa agroveterinaria Adolfo, Gustavo Martínez y Andrea Arrecevgor, fueron arrestados y acusados formalmente por desobediencia a una orden judicial, daños, lesiones leves y privación ilegitima de libertad agravada por violencia.

A primeras horas de la mañana del miércoles, el abogado de un ex empleado de la empresa y un oficial de justicia se presentaron en el edificio para saldar una indemnización ordenada por la Justicia tras un conflicto laboral. Ante la visita, los empresarios cerraron las persianas del comercio y mantuvieron cautivo al primero, a quien golpearon y agredieron verbalmente. (Según trascendió inicialmente, la víctima del incidente había sido el propio ex empleado; pero el dato fue oficialmente corregido este viernes por fuentes judiciales). 

Luego de la denuncia, Arrecevgor fue arrestada en la sede de la empresa y trasladada a la Comisaría 32°, donde le fue decomisado su teléfono celular. Su marido se presentó voluntariamente más tarde y también quedó detenido. En el comercio, la Justicia secuestró el teléfono del abogado agredido (que había sido destruido) y el archivo del sistema de cámaras. 

Este viernes, en diálogo con Radio M, el fiscal de la causa, Javier Giaroli, anticipó cuáles podrían ser los próximos pasos judiciales de la pareja, que fue liberada en la mañana de hoy luego de abonar una fianza de 150 mil pesos en conjunto

La Justicia, dijo Giaroli, consideró que no existe presunción de riesgo procesal y firmó la libertad de los acusados. Tanto Martínez como Arrecevgor fueron sometidos a un examen psicológico, cuyos resultados fueron positivos. Y ninguno cuenta con antecedentes penales. A estos datos positivos, informó el fiscal, se suma otra suerte: de los cargos que pesan sobre ellos incluso el más grave -la privación ilegítima de la libertad- es excarcelable: contempla una pena menor a los tres años de prisión.  

Bajo estas circunstancias, los propietarios de Adolfo podrían acordar un juicio abreviado, dijo el fiscal. Este camino judicial (el más rápido) podría concluir, en el mejor de los casos, con una pena de prisión en suspenso (sin cumplimiento efectivo) y tareas comunitarias. Las pruebas finales de la instrucción, afirmó, estarán finiquitadas en breve. 

Escuchá la entrevista completa al fiscal Javier Giaroli:


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