Las definiciones de Cazabán tras la condena contra Julieta Silva

04/09/2018

Este lunes, Julieta Silva fue condenada a 3 años y 9 meses de prisión por la muerte de Genaro Fortunato. Los tres jueces decidieron, por unanimidad, juzgarla solo por homicidio culposo; es decir, accidental.

Hoy, el abogado defensor de Silva, Alejandro Cazabán, habló con Radio M sobre el cierre del proceso penal y aseguró que la sentencia fue “un paso muy importante” en el camino de demostrar la presunta inocencia total de Julieta. "Tres jueces dijeron que fue un accidente", comentó. 

Silva, reiteró el abogado, no solo es inocente del delito doloso (el presunto homicidio voluntario); sino también del homicidio culposo. Este último, por el que fue condenada, implica “imprudencia” como conductora, que Cazabán también negó, alegando que el contexto en que se produjo la muerte interponía un obstáculo “imposible” para cualquier automovilista. 

“Corresponde la absolución”, afirmó. 

La mediatización del caso 

Más tarde, Cazabán evaluó positivo que el caso haya tenido tanta publicidad. La televisación del juicio, dijo, es “un avance”. Sin embargo, luego, el abogado arremetió contra la presunta falta de “objetividad” y la imprudencia que sufrió Silva desde su detención. 

“Uno se deja llevar por lo que se dice. Pero hay una tragedia; hay dolor”, indicó. “Sin conocer, juzgamos. No corresponde; no es sano. Tomó dimensiones inconmensurables”. 

Las “irregularidades” del proceso penal 

Finalmente, el abogado defensor volvió a apuntar contra los fiscales que participaron del proceso penal desde que Silva fue imputada, a quienes tildó de “irresponsables” y “parciales”. 

La fiscal Rossi brindó una conferencia de prensa antes de escuchar la declaración de Julieta, ejemplificó Cazabán. El fiscal Guzzo, agregó, “hacía reportajes todos los días”. Y la imputación contra Silva fue cambiada “dos veces”.  

Cazabán tachó de “irregularidades y arbitrariedades” estos incidentes. El epítome, añadió, fue la aparición de dos pares de anteojos en el auto de Silva, dos meses después del hecho. La fiscal Rossi, dijo, los agregó a la causa como prueba sin una pericia previa (que fue, finalmente, realizada durante el juicio por orden del tribunal; y que resolvió que no pertenecían a la imputada). 

El abogado defensor afirmó que esta fue una maniobra “completamente ilegal”. Hubo “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder”, sentenció. 

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