País Corrupción K Viernes, 6 de Octubre de 2017
Piden embargar a Cristina y De Vido en la causa por corrupción en la obra pública
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques también le solicitaron al juez Julián Ercolini secuestrar bienes de Florencia y Máximo Kirchner.
06-10-2017. Cajas de seguridad, decenas de autos y cuentas bancarias. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques le pidieron al juez Julián Ercolini embargar y secuestrar más de 140 bienes de Cristina Kirchner, el exministro Julio De Vido y el resto de los procesados en la causa que investiga irregularidades en la obra pública. El listado incluye las propiedades que la expresidenta le cedió a sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner.
La causa avanza un paso más con este pedido. Días atrás Ercolini cerró la instrucción y le corrió vista a los fiscales, a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Oficina Anticorrupción (OA) -querellantes en el expediente- para que pidan la elevación a juicio oral.
Los fiscales también le solicitaron al juez la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar sobre las acciones de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto Construcciones, Gotti SA, Sucesión de Ademo Biancalani SA y K-SANC SA.
Además de Cristina y De Vido, en la causa están procesados el exsecretario de Obras Públicas José López, el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Kirchner, el extitular Vialidad Nacional Nelson Periotti y otros exfuncionarios de ese organismo y de la Agencia General de Vialidad provincial de Santa Cruz.
La causa
El Grupo Austral, conglomerado de empresas del empresario K Lázaro Báez, está acusado de haber sido beneficiado con 52 contratos viales "plagados de irregularidades". Sus empresas recibieron $ 46.000 millones de las arcas públicas durante el kirchnerismo.
Según la investigación judicial en las adjudicaciones hubo sobreprecios, direccionamiento de las licitaciones y falta de controles en la ejecución de las obras; entre otras maniobras ilícitas.
El juez investiga un "complejo entramado delictivo que tuvo lugar entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015", que se habría organizado "desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo canalizando fondos públicos hacia Santa Cruz, con la realización de obras por convenio y procesos licitatorios irregulares para favorecer a Lázaro Báez".
Todas estas maniobras se produjeron en simultáneo con el fuerte aumento patrimonial de Báez, investigado en la causa de la ruta del dinero K. Los bienes del empresario superan los $ 2.500 millones. La Justicia sospecha que eso fue posible por la falta de controles de la Dirección Nacional de Vialidad y la Agencia de Vialidad Provincial durante el kirchnerismo.
Fuente: tn.com.ar
