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San Rafael Canje de pasajes en el Congreso Lunes, 2 de Abril de 2018

Zamarbide y Félix también canjearon pasajes

Así se desprende de la lista de erogaciones liberada por la Cámara de Diputados.

Lunes, 2 de Abril de 2018
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03-04-2018

El escándalo por el canje de pasajes en el Congreso de la Nación, sistema que otorga sobresueldos de hasta 70 por ciento a los legisladores, sigue sembrando controversia en el escenario político argentino.

En medio de la polémica, la Cámara de Diputados liberó días atrás, tras un largo pedido de acceso a la información por parte de la ONG Directorio Legislativo, un informe sobre las erogaciones en materia de canje de pasajes de sus miembros durante el año 2017.

La lista incluye incluso a los legisladores que asumieron sus bancas el pasado 10 de diciembre, a tres semanas de la finalización del año. Este es el caso de los dos diputados sanrafaelinos: Federico Zamarbide (UCR-Cambiemos) y Omar Félix (PJ-Somos Mendoza).

Según se desprende de la información difundida, Zamarbide y Félix canjearon, en conjunto, pasajes por efectivo por un monto total de 32.400 pesos en apenas 21 días. El primero registró permutas por 13.850 pesos (5.400 en aéreos y 8.450 en terrestres); el segundo, por 18.550 (9.450 en aéreos y 9.100 en terrestres).

En la Cámara Baja, los diputados pueden canjear los 20 pasajes aéreos mensuales por 1.350 pesos cada uno, y los 20 terrestres por 650 pesos cada uno. También tienen permitido no usar personalmente sus pasajes, y extenderlos a un tercero.

En diálogo con Radio M el pasado sábado, Zamarbide aseguró que, en su caso, los pasajes que no habían sido usados por él personalmente, fueron destinados a “ayuda social”. Según ejemplificó, se han otorgado a personas que viajan por motivos de “salud”, “laborales”, o para “clubes”. Este uso de terceros, no obstante, está comprendido en la reglamentación interna y no amerita un canje previo por efectivo.

El diputado Omar Félix no ha hecho declaraciones sobre el uso que ha hecho de sus pasajes.

Aunque la operación de canje ha desatado un profundo malestar ciudadano, por su manifiesta carencia de ética, su desarrollo está permitido por el orden interno del Congreso, y en ningún caso implica una acción ilegal.