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La carta con la que la familia Fortunato pidió la recusación de Hernández

Los padres del rugbier fallecido afirman que el vínculo entre el abogado de Silva y el juez Hernández amenaza la imparcialidad del juicio.

11-07-2018

A poco más de un mes del inicio del juicio contra Julieta Silva por la muerte de Genaro Fortunato, una tormenta se abate sobre Tribunales. Los padres del joven fallecido pidieron la recusación del juez Ariel Hernández, uno de los tres magistrados que decidirán la sentencia del caso, tras considerar que él y el abogado de la imputada, Alejandro Cazabán, tienen una estrecha vinculación personal que, sostuvieron, compromete la imparcialidad del debate.

En un largo comunicado público difundido este martes, Miguel Fortunato y Graciela Linares, confirmaron haber advertido que el juez Hernández y Cazabán compartían eventos políticos en la casa del último, como miembros de una organización de nombre “Los Generacionales”, que se reunía asiduamente.

Además, los Fortunato acusaron a Cazabán de haber sido “padrino político” del doctor Hernández. Esta afirmación, argumentaron, se desprende de la “injerencia en el nombramiento de magistrados” de la que el ahora abogado de Julieta Silva gozó mientras fue secretario general de la Gobernación, durante el mandato del gobernador Celso Jaque (2007-2011), período en el que el Hernández fue ordenado juez.

Aún bajo esta objeción, los Fortunato aseveraron “no conocer los antecedentes” del juez Hernández para acceder a la judicatura y señalaron no tener un “sesgo mafioso, impertinente ofensivo, ni pluma temeraria”, y tampoco guardar algún “enfrentamiento” con integrantes del Poder Judicial para realizar el pedido. La requisitoria, agregaron, sólo busca "un proceso transparente".

“Nuestra aspiración es contar con un Tribunal imparcial, que sea neutral y que carezca de todo tipo de vínculo con las personas interesadas y los profesionales que las asisten”, señalaron los Fortunato en su comunicado. “Se trata de garantizar la imparcialidad objetiva y (…) ofrecer las garantías suficientes para excluir cualquier duda razonable, pues lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática”.

“Ya quedamos muy desilusionados y golpeados con el otorgamiento de la prisión domiciliaria a la acusada, a pesar del dictamen contrario de cinco calificados profesionales, entre ellos, los del Cuerpo Médico Forense, cuya objetividad no puede cuestionarse”, resumieron los demandantes. “No queremos ser nuevamente sorprendidos. Aceptaremos el dictamen de la Justicia, siempre y cuando el fallo final sea dictado por un Tribunal donde ninguno de sus integrantes esté sospechado de parcialidad”.

La carta completa