Muerte de 34 cóndores en Malargüe: Primera demanda contra privados

03/09/2019

De acuerdo a lo que consigna el diario Los Andes, la Fiscalía de Estado junto al Gobierno de Mendoza presentaron una demanda contra quienes consideran son los responsables de la muerte de 34 cóndores andinos ocurrida en enero de 2018 en la localidad Los Molles, Malargüe.

Se concluyó que los animales habían muerto por envenenamiento con carbofurán en el marco de una práctica habitual entre los puesteros para proteger su ganado de los predadores a través de la colocación de cebos envenenados.

Se trata de la primera demanda de este tipo en la provincia y se estima que también en el país.

El cóndor andino es una especie en peligro de extinción, en 1998 fue declarado Monumento Natural Provincial por la Ley 6.599 estableciéndose la veda total y permanente de caza para esa especie. Por otra parte, se considera que por la magnitud de la matanza se afectó gravemente el ecosistema.

La acción, presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, apunta a lograr una “recomposición ambiental” y ha sido interpuesta contra 4 sociedades anónimas y 4 personas físicas, 3 de las cuales son puesteros de la zona.  

En este marco se solicita se condene al pago de un Fondo de Recomposición Ambiental del Cóndor Andino en la zona donde se produjo afectación. Se sostiene que esto permitirá restituir la situación del entorno natural al momento anterior al menoscabo.

En definitiva, si la Corte establece esta sanción, deberán aportar una suma de dinero que deberá estar destinada a la inserción de al menos la misma cantidad de ejemplares en la zona, lo que puede implicar la cría y socialización.

Los responsables

En la demanda se hace referencia al grave daño ambiental realizado, que excede los límites de la provincia.

Las sociedades implicadas son Valle de Las Leñas SA, Valles Mendocinos SA, Altos Cerros SA y Nieves de Mendoza SA. También se incluye como responsables a Nibaldo Baigorria, Ramón Rojas Navarro, Víctor Armando Baigorria y Eduardo Daniel Valentini.

A Valentini se lo involucra en su carácter de profesional y autoridad de las sociedades demandadas mientras que a las otras tres personas se les atribuye haber sido quienes hicieron efectivo el hecho.

Quienes accionan son Fernando Simón, Fiscal de Estado de la Provincia de Mendoza y Ricardo Canet, Asesor de Gobierno, en representación de la Provincia de Mendoza.

El procedimiento sustanciado se encuentra previsto en la Ley Provincial del Ambiente N° 5961, y habilita al Fiscal de Estado a realizar las averiguaciones del caso e interponer las acciones legales que correspondan para la protección de bienes colectivos como el ambiente.

Consideran que se trató de algo de competencia federal en razón de tratarse de un daño ambiental con alcance interprovincial e internacional. Esto debido a que el área de campeo puede extenderse a las provincias vecinas e incluso a Chile. Esto sustenta la presentación ante la Corte.