San Rafael Jueves, 14 de Noviembre de 2019
Tras la exoneración de las monjas acusadas de maltrato, el fiscal Giaroli emitió un comunicado
El Fiscal explicó los motivos que llevaron al archivo de la causa y a la desestimación de la denuncia contra las monjas del Instituto de Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará.
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14/11/2019
El diciembre del año pasado, la Dinaf receptó una denuncia por presuntos maltratos físicos y psicológicos contra niños en los hogares administrados por las monjas del Instituto de Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará.
Allí inició un rápido operativo de la Dinaf para retirar a decenas de menores de los hogares eclesiásticos. Los niños fueron trasladados transitoriamente a cabañas alquiladas. En tanto, cuatro monjas del instituto fueron incluidas -no imputadas- en el marco de una investigación judicial.
Finalmente, tras casi un año de proceso, el fiscal del caso, Javier Giaroli, archivó las actuaciones contra las cuatro monjas, considerándolas exoneradas de culpa y cargo, según él mismo informó pocas horas después de firmar la resolución.
Tras casi un año de investigación fiscal -que implicó entre otras medidas exámenes físicos en el hospital Schestakow y en la sección Necropsias y Lesiones del CMF, de compulsas de historias clínicas, de declaraciones en Cámara Gesell, de exámenes psicológicos, y de declaraciones de una gran cantidad de personas que podrían brindar información de interés para el esclarecimiento de los hechos investigados, entre ellos particulares colaboradores de dichos hogares (y en particular a profesionales que podían ser testigos calificados por poder detectar malos tratos, como odontologos, psicólogos, médicos, etc)- es que consideré agotada dicha investigación y solicité al juez del Juzgado Penal Colegiado de San Rafael en turno el sobreseimiento de las cuatro religiosas sometidas a proceso. Dicha medida fue rechazada ya que técnicamente estas cuatro personas no habían sido acusadas en el marco de la investigación de ningún delito, por lo que correspondía simplemente el archivo de las actuaciones, lo que inmediatamente proveí y en los términos del art. 346 y concs. del Código Procesal Penal.
Ese archivo fue únicamente notificado al defensor de las sospechadas y al Asesor de Menores, ya que en la causa ninguna otra persona se había constituido en querellante.
Asimismo les informo que atento a que en diversas notas periodísticas se ha hecho referencia a posible contenido de la prueba agregada en la investigación, al estar comprometido el interés de niños posibles víctimas de delito, no corroboro bajo ningún aspecto la exactitud de la información difundida, recordando además la obligación legal de no hacer pública prueba en ese contexto.
Únicamente he de agregar que a mi juicio y a título de digresión, la denuncia ha sido motivada en sospechas válidas de los denunciantes, y que los mismos tienen la obligación en su carácter de funcionarios públicos de denunciar los posibles delitos que tengan conocimiento en ejercicio de sus funciones.
Los saludo cordialmente
Dr. Javier Giaroli
