La Cámara de Diputados de Mendoza dio sanción final este martes a la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la reactivación del proyecto cuprífero San Romeleo, emplazado en el departamento de Malargüe. La iniciativa obtuvo holgada mayoría en el recinto, donde solo el bloque de La Unión Mendocina expresó su rechazo a la propuesta.

El proyecto, original de la firma LABSA S.A. y operado por AREX MINING S.A., apunta a poner en valor un yacimiento categorizado por la Dirección de Minería como una mina a reactivar. Dado que su planta de beneficio proyectada superará las 80.000 toneladas anuales de procesamiento, el expediente debió tramitarse bajo las estrictas previsiones de la etapa V del Decreto N.º 820/06, un proceso que incluyó audiencias públicas en diciembre de 2025 y talleres participativos tanto virtuales como presenciales.

Desde el punto de vista operativo, la iniciativa prevé una explotación de pequeña escala con una inversión estimada entre los 3 y 5 millones de dólares destinada a la producción de óxido de cobre. Este mineral servirá como materia prima fundamental para la posterior elaboración de sulfato de cobre, un insumo clave para la actividad agrícola regional. Geográficamente, el yacimiento se ubica a unos 160 kilómetros en línea recta del kilómetro 0 de Malargüe, a corta distancia de la Reserva de La Payunia y de importantes cursos hídricos como el río Grande y el río Colorado.

Para avalar el proyecto, el Ejecutivo contempló los dictámenes técnicos de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM) -con participación de organismos como el CONICET, el INTA, la UNCuyo y el Departamento General de Irrigación-, además de un informe del INAI que descartó superposición con comunidades indígenas. Asimismo, la normativa fijó exigencias rigurosas que van desde la presentación de un seguro de recomposición ambiental y la medición de la huella de carbono, hasta estrictos controles hídricos, telemedición y pruebas de estanqueidad supervisadas por la Policía Ambiental Minera.

Con la sanción legislativa completada, el emprendimiento deberá cumplir con la actualización bianual obligatoria de sus estudios de impacto ambiental y un plan de cierre y post cierre condicionado a garantías financieras. De esta manera, Malargüe suma un nuevo eslabón productivo a su matriz minera, bajo promesas de fiscalización continua sobre el agua, el aire y la biodiversidad local.