Se extenderá por 14 meses y busca garantizar la continuidad de la generación de energía en el complejo mientras se avanza en una nueva definición del modelo concesionario. La normativa también contempla al sistema del río Diamante.
El Gobierno de Mendoza oficializó este lunes la declaración de emergencia del sistema hidroeléctrico Los Nihuiles, medida que se extenderá por 14 meses y apunta a garantizar la continuidad de la generación de energía en el complejo mientras se avanza en una nueva definición del modelo concesionario. La normativa también contempla al sistema del río Diamante, clave en el esquema energético provincial.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y habilita al Poder Ejecutivo a realizar una serie de acciones excepcionales, entre ellas, avanzar en licitaciones, concesiones y contrataciones directas vinculadas al mantenimiento y operación de las centrales. Según lo dispuesto, se podrá adjudicar por hasta 30 años la concesión para operar las plantas hidroeléctricas involucradas, en un esquema que incluso podría licitarse de forma conjunta para los sistemas Los Nihuiles y Diamante, con el fin de optimizar el uso del agua y asegurar el servicio de forma sostenida.
Durante este período de transición, se ratifica la continuidad de la operatividad de la empresa Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. (HINISA), tal como se había establecido previamente en los decretos provinciales 1021/2024 y 1085/2024. A su vez, Hidroeléctrica Diamante S.A. (HIDISA) seguirá haciendo uso del caudal del río Diamante en los términos previstos en su actual contrato de concesión.
La ley también faculta al Ejecutivo provincial a reasignar recursos presupuestarios con el objetivo de afrontar los gastos extraordinarios que demande la emergencia. A su vez, establece que todas las contrataciones deberán hacerse bajo criterios de razonabilidad, eficiencia, transparencia y control, incluso cuando se habilite la contratación directa para tareas de operación, reparación o mantenimiento.
Uno de los puntos más destacados de la nueva normativa es la obligación del Gobierno de brindar reportes periódicos a la Legislatura. Cada 90 días, el Ejecutivo deberá presentar un informe detallado sobre los avances en la transición, la eventual licitación de las concesiones y las acciones adoptadas para asegurar la continuidad del servicio.
Fuente: El Sol