de
de
El Boletín Oficial de la Provincia fue un "festival" de cesantías este jueves. En total, se confirmó a unos seis empleados que dejaron de ser agentes públicos por diferentes motivos.
Entre ellos, irregularidades en la presentación de documentación pública; inasistencias injustificadas y hasta por un certificado médico trucho.
El primer caso corresponde a un contador que formaba parte de la planta permanente en la Subsecretaría de Infraestructura Escolar del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública, por incumplimiento de los deberes establecidos en el Estatuto del Empleado Público.
El profesional tenía a su cargo gestionar el Fondo sin Reposición del Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Públicas. Pero la investigación sumaria detectó varios problemas administrativos: entre ellas, la falta de rendición mensual de noviembre de 2020, retenciones de Ingresos Brutos sin el correspondiente ingreso en la ATM; la falta de declaraciones juradas mensuales por esas retenciones; cheques emitidos y depósitos no registrados. Hasta la contratación de un servicio que no se utilizó, según detalla la publicación oficial, entre el 18 de febrero y el 2 de marzo de 2023.
Por esto, el Gobierno decidió la cesantía
Otro despido se produjo por la presentación de un certificado médico apócrifo. La agente estatal trabajaba en la Dirección de Salud Mental y Consumos Problemáticos y el 24 de noviembre de 2022 presentó el certificado por un cuadro de "cololacistis" aguda, por lo que el médico aconsejó reposo durante 72 horas.
Sin embargo, la revisión del documento médico generó más que una duda. Primero, por anomalías en la redacción del certificado, porque el diagnóstico estaba mal escrito -no era "cololacistis", sino "colecistitis""-. Y, por otro lado, el profesional que lo había expedido era un anestesista.
La investigación sumaria determinó que el médico no había confeccionado el certificado, negó que fuera su letra, su firma y hasta afirmó que desconocía a la paciente.
Por la adulteración de un certificado médico para justificar las inasistencias a su lugar de trabajo, la mujer quedó fuera del Estado provincial.
Un trabajador del Ministerio de Salud faltó a trabajar de manera injustificada durante sesenta y siete días, lo que motivó la cesantía.
El sumario administrativo determinó que tras el alta médica que se le había otorgado el 24 de diciembre de 2021, los informes del Departamento de Higiene y Seguridad indicaron que no había trabajado durante los meses de diciembre de 2021, enero, febrero y marzo de 2022.
En abril de 2022, se le procedió a suspender de manera preventiva los haberes. El trabajador público tampoco asistió a la audiencia indagatoria para defenderse.
Una médica que revestía funciones en el Hospital Central fue cesanteada por faltas injustificadas a la guardia de manera injustificada.
En total, se le computaron cinco ausencias los días 18 y 25 de setiembre, y el 4, 11 y 18 de diciembre de 2023.
Entre los argumentos, figura que la guardia no es un día común de prestación de servicio, sino que son inasistencias a su jornada de día de guardia, que comprende 24 horas y equivale a 24 horas semanales de un régimen de trabajo común.
Por otra parte, en su defensa, la profesional presentó un certificado médico, que fue rechazado por la Junta Médica porque lo hizo fuera de término. Además, la Junta señaló que para el resto de las inasistencias no tenía certificado que las justifique.
Si bien tampoco fue a la audiencia obligatoria, la médica aseguró a través de un abogado que había presentado su renuncia al cargo a partir de enero de 2024, por lo que pedía que todas estas actuaciones pasaran al archivo.
Sin embargo, el pedido también fue rechazado.
Un sindicalista de Sitea que se desempeñaba en el Ecoparque fue despedido del Estado provincial porque registró 66 inasistencias sin justificar.
Según el sumario, el empleado no fue a trabajar durante 12 días y luego sumó otros 28 durante en mayo, prácticamente todo el mes.
Tampoco presentó los certificados correspondientes.
Pero en la revisión del caso se apuntó que el agente era delegado gremial, por lo que se sugirió aplicar una cesantía en forma suspensiva hasta que se tramite la exclusión de tutela sindical.
El último caso corresponde a un trabajador que se desempeñaba en la Dirección de Hidráulica de la Subsecretaría de Ambiente.
En este caso, el sumario determinó que había faltado 14 días sin justificar y 9 tardanzas.
Fuente: El Sol
