En medio de cuestionamientos públicos por supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) decidió fijar posición y salir a desmentir de manera directa a funcionarios y dirigentes que vienen instalando dudas sobre la transparencia del sistema.

A través de un comunicado oficial difundido este martes, el organismo defendió el funcionamiento de sus procesos y aseguró que todos los mecanismos de selección se realizan "en estricto cumplimiento" de la normativa vigente, particularmente del Decreto Provincial 868/77.

El texto no es casual: llega en un contexto donde crecieron las críticas políticas y mediáticas sobre cómo se asignan las viviendas, con acusaciones que, en algunos casos, deslizan discrecionalidad o favoritismos. Sin embargo, desde el IPV buscan bajar ese planteo de un golpe.

"El sistema habitacional se estructura a través de múltiples operatorias que contemplan distintos mecanismos de acceso", señalaron, detallando que existen evaluaciones socioeconómicas, sorteos públicos y validación de requisitos, además de la participación de municipios y entidades intermedias en algunos casos.

En ese punto, el organismo introduce un argumento clave: no hay un único criterio uniforme, sino una diversidad de herramientas diseñadas para responder a distintas realidades sociales. Un dato que, implícitamente, cuestiona a quienes simplifican el debate bajo la lógica de supuesta opacidad.

También se refirieron a programas específicos, como los destinados a la radicación de profesionales en zonas estratégicas, donde la selección se realiza en articulación con asociaciones representativas. Según el IPV, estos esquemas responden a necesidades concretas del territorio y se encuadran dentro del marco legal.

El organismo advierte que propuestas o críticas que no contemplen esta diversidad "pueden derivar en restricciones excesivas", afectando el acceso a la vivienda.