Una medida de fuerza de 72 horas llevada adelante por los médicos prestadores del PAMI paraliza parcialmente la atención en Mendoza, afectando a 248.000 afiliados. La protesta, que se extiende a nivel nacional, se traduce en la suspensión de turnos, la implementación de servicios mínimos y un marcado desacuerdo entre los profesionales de la salud y la obra social.

En la provincia, alrededor de 1.800 médicos de cabecera son parte del conflicto. El impacto es heterogéneo: algunos centros de salud operan con guardias para atender únicamente urgencias, mientras que otros experimentan una normalidad relativa. La consecuencia directa para los pacientes es la reprogramación de citas y la postergación de tratamientos, generando incertidumbre.

El desacuerdo central radica en la implementación de un nuevo esquema de pago por parte del PAMI. La obra social defiende la reforma, destacando un incremento del 120% en la cápita, que pasó de $946 a $2.100. Según voceros del PAMI, el objetivo es "ordenar el sistema y endurecer controles ante presuntas irregularidades".

Mientras el PAMI sostiene que el nuevo modelo busca mayor transparencia y control, los médicos lo consideran un "cambio regresivo" que impacta negativamente en la calidad de la atención. Los afiliados quedan en el medio de esta disputa, a la espera de una resolución.