La Legislatura provincial comenzó a analizar un proyecto impulsado por el senador Lucas Emiliano Fosco y el diputado Nicolás De Pedro Buttini, ambos presidentes del bloque La Libertad Avanza tanto en la Cámara Alta, como en la Cámara Baja, que propone reformar integralmente el sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) adhiriendo a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y derogar la Ley 9.239, vigente desde 2020.

La iniciativa busca, entra otras cosas, poner fin al actual esquema de cupos, permitiendo que cualquier taller mecánico, concesionaria oficial o importador que reúna las condiciones técnicas exigidas pueda prestar el servicio en Mendoza.

La presentación del proyecto va de la mano con la decisión adoptada por el Gobierno Nacional el mismo 3 de junio, cuando la Secretaría de Transporte dictó la Resolución 32/2026 y reabrió de manera definitiva el Registro Nacional de Talleres. 

Actualmente, la provincia aplica un modelo propio para la prestación de la RTO, basado en criterios de organización territorial y habilitación de centros de revisión. En ese esquema, la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial (UESV) cumple funciones de supervisión y control, además de encontrarse facultada para intervenir en la prestación del servicio.

Entre los principales cambios, el proyecto establece que la prestación del servicio podrá ser desarrollada por cualquier taller, concesionaria o importador que cumpla con los requisitos técnicos exigidos por la normativa aplicable. Asimismo, se habilita la compatibilidad entre la actividad de revisión técnica y otras actividades mecánicas o comerciales afines que puedan desarrollarse en un mismo establecimiento algo que beneficia a los actores involucrados: a los talleres que ya hacen RTO, que ahora podrán sumar otros rubros; a los que hoy no la hacen, que podrán empezar a prestarla si cumplen los requisitos; y, sobre todo, a los usuarios, que en un marco de libre competencia van a ver beneficios concretos en el servicio.

La iniciativa también mantiene intactas las facultades estatales de control y fiscalización, pero limita el rol de la UESV a esas funciones, separando la tarea de supervisar de la prestación efectiva del servicio.

Desde La Libertad Avanza sostienen que la reforma permitirá ampliar la oferta, proteger a los usuarios, abrir el mercado, fomentar la libre competencia entre prestadores y facilitar el acceso al servicio, sin disminuir los estándares de seguridad vial exigidos por la normativa vigente.

Para los autores del proyecto, el Estado debe garantizar que los talleres cumplan con los requisitos técnicos correspondientes, pero no determinar cuántos pueden existir ni quiénes están autorizados a competir en el mercado. Bajo esa premisa, la propuesta busca alinear a Mendoza con el proceso de apertura y desregulación que actualmente impulsa el Gobierno nacional en materia de transporte y revisión técnica vehicular.