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El Gobierno de Mendoza informó que quedaron firmes diez cesantías en distintos organismos de la administración pública provincial, conforme a lo publicado en el Boletín Oficial.
Del total de medidas, siete corresponden a sanciones de cesantía aplicadas directamente luego de la instrucción de los respectivos sumarios administrativos, mientras que tres quedaron firmes tras el rechazo de los recursos administrativos interpuestos por los agentes involucrados, confirmando las sanciones oportunamente dispuestas.
Las decisiones alcanzan a distintas áreas del Estado provincial y se distribuyen de la siguiente manera:
Las cesantías obedecen a distintas causales previstas en la normativa, entre ellas inasistencias injustificadas, abandono de funciones, incumplimientos graves de los deberes propios del cargo e irregularidades verificadas durante los procedimientos disciplinarios.
Las medidas fueron adoptadas conforme a los procedimientos establecidos por la legislación, con la intervención de las autoridades competentes en cada caso.
La mayor cantidad en la DGE
La Dirección General de Escuelas (DGE) fue el organismo con mayor número de bajas, sumando cinco casos vinculados estrictamente al incumplimiento de la asistencia:
Se determinó la cesantía de una celadora que no se presentaba a trabajar desde agosto de 2018, tras finalizar una licencia sin goce de haberes. El abandono de sus funciones se mantuvo de forma ininterrumpida hasta mediados de 2024.
Otro caso destacado es el de una agente que acumuló 201 inasistencias injustificadas continuas entre marzo y agosto de 2024.
En tanto que dos celadoras más fueron sancionadas por acumular 28 y 27 inasistencias respectivamente en periodos de seis meses, superando ampliamente el límite legal de seis días permitido por el Estatuto del Empleado Público.
Finalmente, se dejó firme la cesantía de un celador luego de que se rechazara su recurso de revocatoria. Se le imputaron múltiples faltas durante los años 2021 y 2022.
Salud: uso indebido del auto oficial y un robo
En el Ministerio de Salud y Deportes, dos situaciones derivaron en la expulsión de los agentes. Primero, un chofer fue cesanteado tras constatarse, mediante el sistema de GPS del vehículo oficial, que desobedeció la orden de regresar al hospital para permanecer varias horas estacionado frente a un local bailable. Según los informes, el agente habría transportado a personas ajenas al servicio y vestía ropa civil en lugar del uniforme reglamentario.
Segundo, una agente del Hospital Lagomaggiore fue desvinculada tras probarse que sustrajo el teléfono celular de la madre de un recién nacido. Debido a que la empleada contaba con tutela sindical, el Estado debió iniciar y ganar un proceso judicial de exclusión de tutela antes de hacer efectiva la cesantía.
Dos expulsiones de la fuerza Policial
Por su parte, el Ministerio de Seguridad y Justicia oficializó dos bajas en la fuerza policial mediante el rechazo de recursos jerárquicos:
Un auxiliar de policía fue sancionado tras dejar de presentarse a trabajar en diciembre de 2023. El propio agente comunicó telefónicamente que se encontraba trabajando en Uruguay y no regresaría a su puesto.
También se confirmó la máxima sanción expulsiva para un efectivo condenado por la Justicia como autor del delito de abuso sexual simple. El hecho fue cometido en 2014 mientras el agente realizaba tareas de patrullaje oficial junto a una compañera.
Inasistencias en el Ministerio de Energía y Ambiente
Por último, el Ministerio de Energía y Ambiente dio de baja a un agente de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque. El sumario administrativo acreditó 27 inasistencias injustificadas entre finales de 2024 y principios de 2025. Al dictaminar la cesantía, las autoridades valoraron que el agente ya contaba con antecedentes de suspensión previa.
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