Un caso de extrema gravedad conmociona a la provincia de Mendoza tras la detención de un joven de 29 años y su madre, acusados de someter a vejámenes sexuales y violencia física a las cinco hermanas del imputado en una vivienda del departamento de Las Heras. La investigación, que salió a la luz tras la denuncia formal radicada en mayo pasado, dejó al descubierto un entorno de terror donde la complicidad materna fue clave para perpetuar los ataques durante años.

El calvario familiar comenzó a visibilizarse cuando la hermana mayor, hoy de 25 años, decidió romper el silencio tras años de amenazas y agresiones que incluían golpes y mordeduras. Según la reconstrucción judicial, los abusos se habrían iniciado cuando las víctimas eran niñas, extendiéndose progresivamente a las hermanas menores, entre ellas dos adolescentes mellizas de 15 años, quienes también fueron señaladas como víctimas en el expediente.

La causa, liderada por el fiscal de Delitos Sexuales Nicolás Muñoz, detalla episodios aberrantes que van desde la sedación de las jóvenes para facilitar los abusos hasta situaciones de zoofilia presenciadas en un escondite que las víctimas habían improvisado en el patio para intentar protegerse. El grupo familiar, compuesto por el agresor y sus cinco hermanas, vivía bajo el control absoluto de la madre, quien no solo habría facilitado los ataques, sino que también utilizaba la violencia psicológica para silenciar cualquier intento de pedido de auxilio.

Un punto clave de la investigación es la situación del padre, quien fue apartado del hogar años atrás tras una denuncia de abuso realizada por la madre. Sin embargo, las víctimas sostienen una versión distinta: aseguran que aquella denuncia fue una maniobra estratégica para desplazar al hombre y garantizar impunidad para los abusos cometidos por el hijo y la propia progenitora, desmintiendo las acusaciones previas contra su padre.

Ante la contundencia de las pruebas, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para ambos imputados, una medida que no fue objetada por la defensa. Se espera que en los próximos días la jueza Cristina Pietrasanta ratifique la continuidad de la detención mientras se profundizan las pericias y se formalizan las acusaciones, que podrían derivar en penas de hasta 50 años de prisión para los responsables.

Fuente: TN