La Dirección General de Escuelas (DGE) oficializó este miércoles la desvinculación definitiva de cinco celadores que prestaban servicio en distintos establecimientos educativos de la provincia. La medida, publicada en el Boletín Oficial, responde a una serie de sumarios administrativos que confirmaron el incumplimiento sistemático de sus obligaciones laborales tras registrar reiteradas inasistencias sin justificación alguna.

El accionar del organismo educativo se enmarca en el estricto cumplimiento del Régimen General Disciplinario establecido por la Ley 9103. Esta normativa es tajante: cualquier agente público que acumule más de seis faltas injustificadas, ya sean continuas o discontinuas, dentro de un semestre, queda sujeto a la sanción de cesantía, una herramienta que la DGE ha comenzado a aplicar con mayor rigor para garantizar la normal prestación del servicio en las escuelas.

Los expedientes revelan casos de una gravedad inusitada. Entre los sancionados, destaca un trabajador de Las Heras que acumuló la cifra récord de 414 faltas. Otros casos incluyen a un agente que abandonó su puesto tras finalizar una licencia, sumando 183 ausencias consecutivas, y otros tres trabajadores que registraron entre 14 y 85 faltas injustificadas, superando ampliamente los límites legales permitidos para mantener el vínculo laboral con el Estado.

Desde el ámbito educativo, esta decisión se interpreta como una señal de ordenamiento interno. La gestión provincial ha hecho hincapié en la necesidad de que el personal no docente cumpla con sus responsabilidades, argumentando que el ausentismo injustificado no solo afecta el funcionamiento diario de los edificios escolares, sino que también vulnera el compromiso con la comunidad educativa y el correcto uso de los recursos públicos.

Con estas cinco resoluciones, la DGE reafirma su política de control administrativo sobre su planta de personal. La medida busca poner un freno definitivo a las irregularidades detectadas y marca un precedente para el resto de los trabajadores del sistema, dejando en claro que la falta de asistencia sin causa justificada derivará, indefectiblemente, en la pérdida de la fuente laboral.

Fuente: El Sol