El Ejecutivo mendocino oficializó una extensa serie de cesantías, suspensiones y desvinculaciones que alcanzan a trabajadores de los ministerios de Seguridad, Salud, Gobierno y la Dirección General de Escuelas. Las medidas, publicadas recientemente en el Boletín Oficial, responden a expedientes administrativos que abarcan desde delitos penales hasta ausentismo extremo y falsificación de documentación.

Entre los casos más resonantes, se destaca la cesantía de una oncóloga del Hospital Central acusada de simular su jornada laboral mediante marcaciones fraudulentas, y la de un celador escolar que acumuló un total de 414 inasistencias injustificadas. Asimismo, se procedió contra agentes involucrados en causas por tenencia de estupefacientes, portación ilegal de armas y presentación de certificados médicos apócrifos.

La administración de Alfredo Cornejo ratificó que estas decisiones son el resultado de sumarios administrativos que, en varios casos, se extendieron durante años. El Gobierno enfatizó que la conducta de los agentes sancionados resulta incompatible con las obligaciones del servicio público, desestimando los recursos de apelación interpuestos por las defensas de los trabajadores involucrados.

Se espera que el Ejecutivo continúe con la revisión de expedientes disciplinarios pendientes para depurar la planta estatal, priorizando el cumplimiento efectivo de las jornadas laborales y la ética en el desempeño de las funciones públicas.