Un nuevo episodio de inseguridad digital sacudió a las autoridades mendocinas tras la viralización de una transmisión en vivo en la plataforma Kick, donde dos menores privados de su libertad se conectaron a través de OmeTV para interactuar con streamers. 

Durante seis minutos de charla, los jóvenes no solo confirmaron estar alojados en un centro de detención de la provincia, sino que hicieron gala de su historial delictivo, llegando uno de ellos a autoproclamarse como el "tirador de la bicicleta", el adolescente vinculado a un violento ataque armado ocurrido en el barrio 8 de Abril de Las Heras en octubre pasado. La transmisión finalizó de manera obscena, con uno de los protagonistas exhibiendo sus genitales ante la cámara.

Este hecho se suma a una preocupante seguidilla de irregularidades en el sistema de encierro provincial. A fines de julio, un grupo de internos adultos del penal de San Felipe protagonizó una situación idéntica, lo que derivó en requisas masivas y el secuestro de cinco teléfonos celulares. Aquel antecedente terminó con el traslado de los involucrados al módulo de máxima seguridad de Almafuerte, marcando un precedente que ahora vuelve a ponerse bajo la lupa tras la aparición de estos menores, quienes incluso instaron a los conductores del programa a buscar sus nombres en los diarios locales para validar su peligrosidad.

El caso del "tirador de la bicicleta" es uno de los más resonantes en la crónica policial reciente. El joven, que al momento del hecho tenía 16 años, fue señalado por una tentativa de homicidio agravado tras interceptar a tres personas en una camioneta y disparar a quemarropa. Durante el streaming, el menor no mostró arrepentimiento; por el contrario, relató detalles del ataque, habló de una supuesta "guerra de bandas" y hasta confesó haber recibido un disparo en la espalda en un enfrentamiento previo, mientras alardeaba de haber herido a sus víctimas en puntos vitales como el cuello y la cabeza.

Ante la gravedad de los dichos y la confirmación de que los menores contaban con acceso a dispositivos móviles dentro de las instalaciones, la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (ex Cose) inició este una investigación interna y administrativa. El objetivo es determinar cómo ingresaron los celulares al recinto y qué medidas de seguridad fallaron para permitir que jóvenes bajo tutela del Estado utilicen redes sociales para jactarse de delitos como extorsión, sicariato y tráfico de drogas, desafiando abiertamente a la Justicia.

La situación expone una falla estructural en el control de las comunicaciones en los centros de detención, un problema que parece replicarse tanto en cárceles de adultos como en institutos de menores. Mientras las autoridades prometen sanciones y un endurecimiento de los controles, la sociedad mendocina observa con preocupación cómo el encierro no impide que los protagonistas de la violencia barrial sigan operando y exponiéndose públicamente desde la impunidad de sus celdas.

Fuente: diario El Sol