Mendoza celebra un triunfo clave para su autonomía financiera: el Gobierno nacional oficializó, a través del Decreto 982/2026, que la provincia percibirá el 100% de las regalías hidroeléctricas generadas por el complejo Los Nihuiles. La medida, celebrada por el gobernador Alfredo Cornejo como un acto de justicia histórica, pone fin a una distribución compartida que mantenía a la provincia en un esquema de reparto equitativo con La Pampa desde hace más de 50 años.

El conflicto se remontaba a 1973, cuando el Decreto N° 1560 estableció que los beneficios del complejo ubicado sobre el río Atuel debían dividirse en partes iguales entre ambas provincias. Durante décadas, Mendoza reclamó la soberanía total sobre estos recursos, argumentando que la infraestructura y la fuente hidroeléctrica se encuentran íntegramente dentro de su territorio, una postura que finalmente fue respaldada por la Procuración del Tesoro de la Nación.

La resolución técnica se basa en una interpretación estricta de la Ley N° 15.336, que estipula que el 12% de la tarifa de venta en bloque de energía corresponde a la jurisdicción donde se asienta la fuente. Al confirmarse que el aprovechamiento hidroeléctrico -desde la presa El Nihuil hasta la restitución de aguas- ocurre exclusivamente en suelo mendocino, el Ejecutivo nacional decidió revocar la norma que forzaba el reparto, consolidando así un flujo de ingresos que, según el mandatario provincial, será vital para fortalecer la infraestructura local.

Mientras en Mendoza la noticia fue recibida con optimismo, en La Pampa el clima es de tensión. Las autoridades pampeanas ya han manifestado su disconformidad y no descartan recurrir a la Justicia para frenar la quita de estos fondos, lo que anticipa una nueva etapa de litigio en la larga disputa por los recursos hídricos y energéticos que enfrentan a ambos distritos.

Con esta decisión, la administración de Cornejo logra cerrar una de las deudas pendientes más antiguas en materia de recursos naturales. El gobernador subrayó que este ingreso extra no solo es un reconocimiento a la legitimidad del reclamo mendocino, sino una herramienta estratégica para impulsar el desarrollo económico y las inversiones en infraestructura que la provincia requiere para los próximos años.