El Gobierno de Mendoza oficializó este jueves una batería de decretos que ratifican sanciones disciplinarias contra efectivos de la Policía y del Servicio Penitenciario provincial. Entre las medidas publicadas en el Boletín Oficial se destacan despidos, suspensiones prolongadas y el rechazo a recursos administrativos presentados por agentes que buscaban revertir castigos por faltas graves.

Estas resoluciones son el resultado de expedientes acumulados en distintos períodos. En la mayoría de los casos, los uniformados habían intentado apelar las sanciones alegando supuestas irregularidades en el debido proceso o falta de fundamentación, pero el Ejecutivo, tras el análisis de la Asesoría de Gobierno, decidió mantener firme su postura en defensa de la disciplina institucional.

Entre los casos más resonantes, se confirmó la cesantía de un penitenciario que no pudo acreditar la finalización de sus estudios secundarios, un requisito obligatorio que el agente incumplió de forma prolongada. Asimismo, se ratificó la continuidad de un sumario administrativo contra un comisario involucrado en causas penales por violencia y presuntos delitos contra la integridad sexual, rechazando el pedido de la defensa de frenar la investigación interna hasta que la Justicia penal se expida.

La postura oficial es clara: las investigaciones administrativas corren por un carril independiente a las causas judiciales. Si bien el Gobierno admitió formalmente el derecho de los trabajadores a presentar sus descargos, los argumentos de los agentes fueron desestimados al considerar que las medidas son proporcionales a las faltas cometidas, que incluyen desde suspensiones de cinco días hasta sanciones de 50 días con riesgo de exoneración.

Con la vía administrativa agotada para estos efectivos, el conflicto se traslada ahora al terreno judicial. Los agentes sancionados mantienen la posibilidad de recurrir a la Justicia mediante una acción procesal administrativa para intentar revertir las decisiones del Ejecutivo, en un escenario que pone de relieve la estricta política de control interno que busca aplicar la cartera de Seguridad.

Fuente: El Sol