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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un paso decisivo para centralizar la disputa por los ingresos del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles. El máximo tribunal abrió un incidente especial para unificar el litigio y trasladó el expediente a la Procuración General, con el objetivo de que emita un dictamen técnico que defina el rumbo de la pelea legal que enfrenta a nuestra provincia con el Estado Nacional y La Pampa.
El conflicto escaló el pasado 11 de septiembre cuando el Gobierno nacional, mediante el decreto 982/2026, anuló el esquema de reparto vigente desde 1973 que otorgaba el 50% de las regalías a cada provincia, estableciendo que la totalidad de los fondos deben quedar en manos mendocinas. Ante esto, La Pampa logró frenar la medida mediante una cautelar dictada por el Juzgado Federal de Santa Rosa, lo que motivó que tanto Mendoza como la Nación solicitaran la intervención directa de la Corte para evitar la dispersión de la causa en fueros provinciales.
La postura mendocina es contundente: sostiene que el reparto histórico fue ilegítimo, ya que la infraestructura del río Atuel se encuentra íntegramente en nuestro territorio. Por ello, la provincia no solo reclama la totalidad de los ingresos futuros, sino que exige la devolución de unos 67.338 millones de pesos (a valores de 2021) percibidos por La Pampa durante décadas. Del otro lado, la provincia vecina se aferra al convenio interjurisdiccional de 1992, homologado por la Corte, argumentando que un decreto presidencial no tiene potestad para romper acuerdos entre estados.
La decisión del máximo tribunal de concentrar el expediente es vista como un triunfo estratégico para Mendoza, que buscaba sacar la discusión del ámbito de influencia pampeano. Si bien el dictamen de la Procuración será clave, la resolución final promete ser extensa, ya que se trata de una disputa de fondo sobre la soberanía de los recursos hídricos y la validez de acuerdos históricos que han marcado la relación entre ambos distritos por más de 50 años.
Este litigio cobra una importancia vital en el contexto actual, dado que el complejo Los Nihuiles se encuentra en pleno proceso de licitación para su privatización. La definición sobre quién percibirá las regalías no solo impactará en las arcas provinciales a corto plazo, sino que determinará las condiciones económicas bajo las cuales se entregará la concesión de este activo energético estratégico.
Fuente: diario El Sol