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Un nuevo episodio de inseguridad sacudió este lunes al colegio San Gabriel, en Ciudad, luego de que apareciera una pintada en una de las paredes de la institución que advertía sobre un posible tiroteo. Ante el hallazgo, las autoridades del establecimiento actuaron de inmediato siguiendo el protocolo establecido por la Dirección General de Escuelas (DGE), dando aviso a las fuerzas de seguridad y radicando la denuncia judicial correspondiente para identificar a los responsables.
Este tipo de intimidaciones no son nuevas para la comunidad educativa mendocina. Durante abril de este año, la provincia atravesó una preocupante ola de amenazas similares que afectaron a seis escuelas, desde Las Heras hasta San Rafael. En aquel entonces, las investigaciones confirmaron que se trataba de un peligroso reto viral originado en TikTok, que buscaba generar caos en los establecimientos mediante mensajes escritos en baños y paredes.
El protocolo vigente, diseñado tras aquellos incidentes, prioriza la calma y la continuidad pedagógica. Por esta razón, el colegio San Gabriel decidió no suspender las clases, optando por reforzar las medidas preventivas y el control interno mientras se evalúa el riesgo. La normativa de la DGE busca evitar que el pánico se apodere de la comunidad, permitiendo que la actividad escolar siga su curso bajo supervisión mientras la Justicia avanza con las pesquisas.
Desde una perspectiva legal, este tipo de actos no quedan impunes. Las autoridades recordaron que los responsables pueden enfrentar consecuencias penales severas: en el caso de adolescentes mayores de 14 años, son imputables bajo el régimen penal juvenil, mientras que los padres pueden ser sancionados en el ámbito contravencional. El objetivo es desalentar estas prácticas que, aunque muchas veces nacen como una broma de mal gusto, movilizan innecesariamente al aparato estatal y ponen en vilo a familias enteras.
La investigación sigue abierta y se espera que las pericias permitan dar con el autor del mensaje. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad y la DGE mantienen el monitoreo constante para garantizar que las escuelas sigan siendo espacios seguros, reforzando la importancia de las jornadas de sensibilización y la responsabilidad ciudadana para frenar este tipo de conductas.
Fuente: El Sol