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El exjuez federal Walter Bento, condenado a 18 años de prisión por liderar una asociación ilícita y cobrar coimas, recibió un beneficio judicial que le permitirá abandonar el Complejo Penitenciario Federal VI de Cacheuta durante los fines de semana. La resolución, dictada por el magistrado riojano Jorge Gamal Abdel Chamia, autoriza al exfuncionario a trasladarse a su domicilio en el barrio privado Palmares, en Godoy Cruz, desde los viernes hasta los lunes, bajo el argumento de asistir a su esposa convaleciente y a su hijo con discapacidad.
Bento, quien fue destituido y sentenciado tras un extenso proceso judicial que desnudó una red de corrupción operada desde el Juzgado Federal N°1, lleva menos de un año tras las rejas. La decisión judicial, que en los pasillos de tribunales ya bautizaron como un "finde XXL", se fundamentó en la necesidad de contención afectiva para su hijo y la imposibilidad física de su esposa, Marta Boiza, para hacerse cargo del cuidado del joven debido a sus propios problemas de salud.
El esquema de salidas contempla el traslado a cargo del Servicio Penitenciario Federal y controles aleatorios por parte de Gendarmería Nacional. Aunque se evalúa la colocación de una tobillera electrónica, la medida es provisoria y revisable. La defensa del exmagistrado, no obstante, ya adelantó que insistirá para lograr el beneficio de la prisión domiciliaria permanente, argumentando que la presencia de Bento es indispensable para la dinámica familiar, dado que sus otros dos hijos residen fuera de la provincia.
La resolución generó un fuerte malestar y la Fiscalía ya prepara una apelación para que la medida sea revocada. Desde el Ministerio Público sostienen que la familia ya cuenta con una estructura de asistencia profesional -incluyendo cuidadores, kinesiólogos y transporte adaptado- que garantiza la atención del joven, por lo que la presencia física del condenado no sería estrictamente necesaria para su bienestar.
El caso Bento marcó un hito en la historia judicial mendocina tras ser hallado culpable de graves delitos, entre ellos lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Mientras la Justicia define si el beneficio se mantiene o se revoca, la sociedad local observa con atención este nuevo capítulo de un proceso que, tras años de debate, sigue generando repercusiones políticas y sociales en la provincia.
Fuente: La Nación