Un desgarrador capítulo de la historia mendocina comenzó a cerrarse tras el hallazgo de los restos de un bebé en el Cementerio de la Capital, cuya desaparición había sido denunciada por su madre hace exactamente 40 años. El procedimiento, ordenado por el Juzgado Federal N° 3, permitió localizar los restos en las criptas 15 y 16, donde la mujer pudo reconocer a su hijo gracias a una pequeña medalla que acompañaba los restos óseos.

El caso se remonta a septiembre de 1986, cuando F.S. dio a luz en el Hospital Lagomaggiore. Según su testimonio, tras ver a su hijo con vida en la sala de partos, las autoridades del nosocomio le impidieron volver a verlo, argumentando que el recién nacido había fallecido y que su cuerpo quedaría bajo custodia del hospital para supuestos estudios. Durante años, la mujer peregrinó por la justicia provincial sin obtener respuestas, hasta que logró reactivar la causa en el fuero federal con nuevas pruebas documentales.

La investigación, impulsada por el fiscal Fernando Alcaraz, puso en evidencia irregularidades alarmantes: los certificados de nacimiento y defunción presentaban el mismo número de DNI pero con horarios incompatibles, e incluso el bebé figuraba como fallecido antes de su propio nacimiento. Estos documentos falsos, sumados a la falta de entrega del cuerpo en su momento, fortalecieron la hipótesis de una red de sustracción y ocultamiento de menores que operó en la institución durante los años 80.

Ahora, el juez Marcelo Garnica deberá determinar las responsabilidades penales de quienes integraban el cuerpo médico y administrativo del hospital en aquella época. La causa no solo busca justicia por este hecho puntual, sino que se perfila como el primer "Juicio por la Verdad" en Mendoza por delitos cometidos en democracia, lo que podría abrir la puerta a investigar otras desapariciones denunciadas en el mismo establecimiento durante las décadas del 80 y 90.

Con el hallazgo, la Justicia Federal se enfrenta al desafío de reconstruir una trama de impunidad que duró cuatro décadas. Mientras se analizan las posibles prescripciones de los delitos, el caso de F.S. se convierte en un símbolo de lucha para las familias que aún buscan respuestas sobre el destino de sus hijos en el sistema de salud público provincial.