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Trump impone duras sanciones a Brasil por motivos políticos. La Casa Blanca acusa al Gobierno de Lula de amenazar la seguridad nacional de EE.UU.
Por más de un año, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha intentado mantener una relación estable con la Casa Blanca, pero las tensiones políticas entre Brasil y Estados Unidos han escalado hasta un punto crítico. La administración de Donald Trump confirmó este miércoles un nuevo paquete de sanciones económicas y personales contra el país sudamericano, marcando un punto de inflexión en la política exterior estadounidense en América Latina. Brasil, a partir del 1 de agosto, estará sometido a aranceles del 50% sobre una amplia gama de productos, una medida que lo convierte en el país más castigado del mundo en materia comercial por parte de Estados Unidos.
Este contexto pone a la Argentina en una situación de privilegio teniendo en cuenta que Estados Unidos es un mercado en el que compiten ambos países con distintos tipos de productos agropecuarios.
Aunque los negociadores brasileños esperaban evitar el peor escenario hasta el último minuto, la respuesta llegó antes de la fecha límite. Trump cerró la puerta al diálogo y justificó las sanciones en un decreto que califica al Gobierno de Lula como una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional, la economía y la política exterior de Estados Unidos.
Sin embargo, el trasfondo del castigo parece estar lejos de los temas comerciales. De hecho, Estados Unidos mantiene un superávit comercial con Brasil desde hace años. El verdadero motivo del embate es político: la supuesta persecución judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta un proceso por intento de golpe de Estado y podría ser condenado a hasta 43 años de prisión.
El juez Alexandre de Moraes, responsable del juicio, se ha convertido en la figura más odiada por la extrema derecha brasileña y, a juicio de Trump, en el símbolo de una campaña de represión judicial. El decreto presidencial no sólo impone los aranceles, sino que también sanciona directamente a Moraes bajo la Ley Magnitsky, una legislación estadounidense diseñada para castigar violaciones graves de derechos humanos.
Según el Departamento del Tesoro, Moraes está implicado en una "campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias y procesos judiciales con motivación política". La sanción implica el congelamiento de activos que el juez pueda tener en Estados Unidos, la prohibición de realizar transacciones financieras con empresas o ciudadanos estadounidenses, y la anulación de sus visados y los de sus familiares cercanos.
La inclusión del juez en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) fue celebrada por figuras bolsonaristas, en especial por el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, que lleva meses instalado en Washington haciendo lobby contra Moraes. "Es un hito histórico", declaró. Aprovechó también para exigir al Congreso brasileño la aprobación de una amnistía para su padre y otros acusados por el intento de golpe del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes invadieron las sedes de los tres poderes en Brasilia.
Aunque el decreto excluye de los aranceles a sectores clave como el de la aviación -Embraer, emblema de la industria brasileña, vio subir sus acciones un 7% tras conocerse la medida-, también representa un duro golpe a la imagen internacional del gobierno de Lula. Productos estratégicos como el silicio, estaño, metales preciosos, pulpa de madera, y fertilizantes fueron igualmente exceptuados del tarifazo, señal de que Washington busca evitar un impacto en sus propias cadenas de suministro, al tiempo que envía un claro mensaje político.
Los roces entre Moraes y las empresas tecnológicas estadounidenses, como X (antes Twitter), han alimentado aún más las tensiones. El juez ha liderado una cruzada judicial contra la desinformación y el discurso de odio en redes sociales, que incluyó órdenes judiciales que obligaban a las plataformas a retirar contenido. Algunas se negaron, fueron multadas o enfrentaron bloqueos temporales, como ocurrió con la red de Elon Musk. La Casa Blanca acusa al magistrado de "intimidar" a las big techs, una acusación que ha calado profundamente en un Trump que ha defendido la total libertad de expresión en Internet como bandera de su segundo mandato.
Lula, por su parte, ha denunciado la falta de comprensión de Trump sobre el funcionamiento de la democracia brasileña. "En Brasil existe separación de poderes. Ni yo mando en el Supremo ni el Supremo manda en mí", ha repetido en varias ocasiones. No obstante, sus críticas no han evitado que el conflicto escale a niveles sin precedentes.
El uso de la Ley Magnitsky contra un juez supremo de una democracia consolidada es un hecho sin precedentes y representa un cambio radical en la política exterior de Estados Unidos respecto a Brasil. Lo que hasta hace poco era una relación basada en la diplomacia y el pragmatismo económico se ha transformado en un campo de batalla político, con implicaciones que podrían afectar no sólo al comercio bilateral, sino a la estabilidad institucional de Brasil.
A medida que se acerca el juicio clave contra Bolsonaro en septiembre, y con el Congreso brasileño dividido entre llamados a la amnistía y defensas acérrimas de la legalidad democrática, el futuro de las relaciones entre Brasilia y Washington parece más incierto que nunca.