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Los cuerpos fueron encontrados en un depósito de Auckland. La mujer huyó a Corea del Sur y cambió su nombre. La Justicia dijo que planificó todo.
La Justicia de Nueva Zelanda condenó este miércoles a cadena perpetua a Hakyung Lee, una mujer de 45 años que mató a sus dos hijos y mantuvo sus cuerpos ocultos durante años dentro de valijas guardadas en un depósito de Auckland.
La sentencia ordenó un mínimo de 17 años sin acceso a libertad condicional, luego de confirmar que los menores recibieron una sobredosis de medicamentos recetadosen 2018 y que la acusada abandonó el país poco después de los hechos.
Desde una sala separada y con ayuda de una intérprete, la mujer siguió la audiencia en la que el juez Geoffrey Venning argumentó que los niños eran "especialmente vulnerables", y estableció que Lee les administró los fármacos y luego ocultó sus cadáveres para encubrir el crimen.
El caso se descubrió en 2022, después de que una familia adquiriera en una subasta el contenido de un depósito ubicado en las afueras de Auckland. Al abrir dos maletas que vinieron en el combo, halló restos humanos y denunció la situación inmediatamente ante la Policía neozelandesa.
Vecinos de la familia reconocieron en aquel entonces a medios locales que percibieron un "olor desagradable" que emanaba de la propiedad antes de la llegada de las fuerzas de seguridad. Una de esas personas era un extrabajador de un crematorio, quien aseguró que el olor fue "inmediatamente reconocible".
Los peritajes posteriores permitieron identificar a los menores, de seis y ocho años, y vincular el hallazgo con la desaparición que se investigaba desde 2018.
Según determinó la Justicia, la mujer escapó a Corea del Sur, donde vivió con una nueva identidad hasta su detención.
Los investigadores reconstruyeron los movimientos de la acusada a partir de registros migratorios, declaraciones de allegados y documentación aportada por autoridades surcoreanas.
Con todos esos datos en su poder, determinaron que Lee dejó Nueva Zelanda tras la muerte de su esposo por cáncer, en un período en el que, según documentos citados por medios públicos, ella había expresado la intención de quitarse la vida junto a los niños.
Tras salir del país océanico, la mujer vivió en distintas ciudades de Corea del Sur, cuyas autoridades jugaron un papel importante para lograr su identificación, detención y posterior extradición hacia Nueva Zelanda.
La sentencia de la Justicia se basó en declaraciones de peritos, informes forenses y testimonios policiales. También se analizaron los pagos de alquiler del depósito donde permanecieron los cadáveres durante cuatro años.
Esas transacciones se interrumpieron durante 2018, lo cual derivó en la subasta del contenido y, posteriormente, en el macabro hallazgo de los cuerpos.
Durante el proceso judicial, los abogados de la mujer plantearon que estaba "profundamente perturbada" por la muerte de su esposo a causa de una enfermedad. Según su defensa, la acusada creía que no existía alternativa viable y que actuó bajo un trastorno severo.
Por el contrario, el Tribunal consideró que, al ocultar los cuerpos, abandonar el país y cambiar su nombre, la mujer estaba consciente de todos sus actos y actuó con premeditación, y en base a eso justificó la pena impuesta.
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