El Gobierno de Bolivia confirmó que avanzará con la eliminación de los subsidios a los combustibles a partir de enero de 2027, una medida que busca sanear las cuentas públicas. El ministro de Economía, Christian Morales, negó que este plan sea una imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI) por un crédito de 1.900 millones de dólares, asegurando que se trata de una decisión soberana orientada a liberar fondos para infraestructura, salud y educación.

Históricamente, Bolivia mantuvo los precios de los carburantes artificialmente bajos, una política que, según el Ejecutivo, terminó beneficiando a sectores específicos y fomentando el contrabando hacia países limítrofes. Este esquema comenzó a desmantelarse parcialmente a fines de 2025, y ahora el Gobierno de Luis Arce busca profundizar el recorte para corregir el déficit fiscal acumulado durante años de subvenciones intensivas.

En paralelo, el plan de austeridad incluye el cierre de hasta 10 empresas estatales que se encuentran en quiebra técnica. Tras un diagnóstico realizado por la Oficina Técnica de Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) sobre 67 firmas, se detectó que 15 de ellas no cumplen con sus objetivos. El Gobierno ya logró reducir un 30% la carga burocrática central, generando un ahorro cercano a los 158 millones de dólares, y ahora avanza en la liquidación de los activos y pasivos de las compañías deficitarias.

De cara al futuro, el Ejecutivo se comprometió a implementar mecanismos de asistencia social para amortiguar el impacto del aumento de precios en los sectores más vulnerables de la población. La administración de Arce apuesta a que este giro en la política económica permita recuperar el crecimiento sostenido, priorizando la eficiencia en el uso de los recursos públicos frente a la estructura estatal previa.

El proceso de cierre de las empresas no será inmediato, ya que requiere un análisis jurídico y financiero caso por caso para resolver las obligaciones pendientes. Con estas medidas, Bolivia intenta dejar atrás un modelo de subsidios generalizados para enfocarse en una gestión fiscal más rigurosa, bajo la premisa de que el Estado debe ser eficiente para garantizar la estabilidad económica a largo plazo.

Fuente: NA