El Partido Popular (PP) de España, liderado por Alberto Núñez Feijóo, puso sobre la mesa una reforma migratoria de cara a las elecciones de 2027 que promete cambiar las reglas del juego. La propuesta busca terminar con lo que desde el partido califican como el "regalo de pasaportes", endureciendo los requisitos para quienes buscan la ciudadanía española. El plan incluye exámenes de idioma mucho más rigurosos, una evaluación estricta sobre valores constitucionales y la posibilidad concreta de revocar la nacionalidad a quienes cometan delitos graves, como asesinatos o agresiones sexuales, o sean reincidentes.

Este giro en la estrategia del PP se da en un contexto de alta tensión migratoria, marcado por la crisis en Ceuta y la presión constante sobre el gobierno de Pedro Sánchez. Históricamente, las políticas migratorias entre el PP y el PSOE no presentaban diferencias abismales, manteniendo un enfoque más bien laxo. Sin embargo, el ascenso de Vox, que exige una política de mano dura y expulsiones masivas, ha obligado a los conservadores a endurecer su discurso para no perder terreno en un escenario político donde la inmigración se convirtió en un eje central de debate.

Los datos del proyecto revelan que el PP pretende transformar la obtención de la nacionalidad, dejando de verla como un simple trámite administrativo para convertirla en un proceso de integración real. Si bien el plan contempla una "inclusión positiva" para los ciudadanos latinoamericanos -reconociendo su aporte al crecimiento económico del país-, el partido se muestra inflexible ante la regularización de inmigrantes sin papeles. Recientemente, Feijóo cuestionó duramente la medida de Sánchez que permitió regularizar a miles de extranjeros, argumentando que el gobierno busca un rédito electoral al incorporarlos al padrón.

Desde la academia, especialistas como la socióloga María Miyar advierten que estamos ante un cambio de paradigma: el fin de la etapa de baja intervención estatal. Mientras el Tribunal Supremo analiza los alcances de la "ley de nietos" y el debate sobre la integración se calienta, el PP busca diferenciarse del oficialismo, apostando por controles más estrictos que, según ellos, garantizan la seguridad y la identidad nacional.

Con la mira puesta en 2027, la propuesta del PP promete profundizar la grieta política en España. La cuestión migratoria dejó de ser un tema secundario para transformarse en una pieza clave de la disputa por el poder, donde la seguridad, el respeto a la Constitución y la exigencia de integración serán los pilares que definirán quiénes pueden ser considerados, de ahora en más, ciudadanos españoles.