La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, sacudió el tablero político al anunciar un paquete de medidas restrictivas para el sistema educativo nacional. El plan contempla establecer un tope legal a la cantidad de estudiantes extranjeros por aula, prohibir el uso de hiyab y burka en los colegios, y exigir que los padres de alumnos con dificultades de integración realicen cursos obligatorios de lengua italiana.

Esta iniciativa no surge de la nada, sino que se suma a una serie de propuestas previas impulsadas por el oficialismo. Meses atrás, el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, ya había deslizado la intención de regular el uso del velo integral, mientras que sectores aliados como la Liga y el partido de Roberto Vannacci venían presionando en el Parlamento para endurecer las normativas vigentes sobre la identidad y la presencia de extranjeros en espacios públicos.

Aunque ya existía una circular de 2010 que sugería un límite del 30% de alumnos no italianos por clase, su implementación fue dispar y poco efectiva. Actualmente, los estudiantes sin ciudadanía italiana representan cerca del 11,6% del total nacional, aunque en los barrios periféricos de las grandes ciudades el porcentaje es significativamente mayor, lo que ha reavivado el debate sobre la segregación escolar.

Desde la óptica del gobierno, estas medidas son una defensa de la identidad nacional y la paridad de género. Meloni argumentó que la integración no puede significar que los niños italianos se conviertan en minoría dentro de sus propias aulas, calificando la situación actual como un proceso de abandono más que de inclusión. Por el contrario, la propuesta ha generado controversia, ya que, de concretarse, Italia se convertiría en el primer país de la Unión Europea en legislar cuotas rígidas de este tipo.

El proyecto, que será debatido próximamente en el Consejo de Ministros, promete ser uno de los puntos más calientes de la agenda legislativa italiana. Mientras el oficialismo busca blindar el entorno escolar bajo sus valores, la oposición y diversos sectores sociales ya se preparan para cuestionar la constitucionalidad y el impacto real de estas restricciones en la convivencia escolar.

Fuente: TN