Un fuerte cimbronazo político sacudió este jueves a la justicia boliviana tras la detención del fiscal general, Roger Mariaca, junto al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y el exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Los funcionarios quedaron bajo arresto en el marco de una investigación que los vincula directamente con una red de protección al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

La figura de Mariaca cobró especial relevancia en Argentina debido a que era el responsable de llevar adelante las causas penales contra el consultor Fernando Cerimedo. El asesor, quien se desempeñaba junto al presidente Rodrigo Paz, se encuentra actualmente cumpliendo prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, acusado de graves delitos que incluyen el intento de feminicidio contra su expareja, la analista Nadia Beller, además de cargos por enriquecimiento ilícito y usurpación de funciones.

El detonante de estas capturas fue la difusión de un video grabado durante el operativo de captura de Marset el pasado 13 de marzo. En la filmación, el narco asegura haber pagado sobornos cercanos a los 500.000 dólares a Mariaca, Del Castillo y al capitán Rubén Aparicio para garantizar su impunidad en Bolivia y evitar una eventual extradición a los Estados Unidos. A pesar de que el fiscal rechazó las acusaciones de corrupción y protección al narcotráfico, el gobierno boliviano sostiene la existencia de una estructura criminal enquistada en el Ministerio Público.

La detención de Mariaca genera una incertidumbre total sobre el futuro de los procesos judiciales que lideraba, incluyendo el caso contra Cerimedo. Días antes de su aprehensión, el fiscal había desafiado al poder político asegurando que no retrocedería en sus investigaciones, una postura que ahora queda bajo la lupa de la justicia boliviana mientras se intenta desmantelar la presunta red de complicidades.

Ante la acefalía provocada por la detención, el fiscal superior Luis Montaño asumió de manera interina la conducción de la Fiscalía General. Desde la sede del Ministerio Público en Santa Cruz de la Sierra, las autoridades confirmaron la transición temporal mientras avanza la investigación que promete seguir revelando vínculos oscuros entre el poder judicial y el crimen organizado en la región.