El Tribunal Supremo de Brasil emitió este jueves una orden de captura internacional contra Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y pieza clave en la estrategia política de su hermano, Flávio, quien se prepara para disputar la presidencia frente a Luiz Inácio Lula da Silva en menos de tres semanas. La medida, dictada por el juez Alexandre de Moraes, se produce en un clima de alta tensión política a pocos días de la definición electoral.

El exlegislador y expolicía, quien reside en Estados Unidos desde febrero de 2025, cuenta con una condena firme de cuatro años y dos meses de prisión por coacción a la Justicia. Tras el rechazo de sus apelaciones el mes pasado, el magistrado De Moraes ordenó además la retención de sus pasaportes, argumentando que el acusado buscó deliberadamente evadir la acción de la ley penal al abandonar el país, frustrando así el cumplimiento de su sentencia.

La condena original, dictada en junio, incluye la inhabilitación política por ocho años y un régimen de semilibertad. Según la Justicia brasileña, Eduardo Bolsonaro utilizó su posición y su cercanía con la administración Trump para orquestar presiones externas contra el Estado brasileño, promoviendo sanciones económicas y aranceles contra el país con el fin de entorpecer las investigaciones por el intento de golpe de Estado que involucran a su padre.

Desde Estados Unidos, donde goza de residencia permanente, Eduardo Bolsonaro calificó la decisión judicial como un acto de interferencia electoral. A través de sus redes sociales, el dirigente ultraderechista denunció que la medida es "arbitraria e inútil", asegurando que las autoridades estadounidenses no acatarán lo que denominó como "decisiones delirantes" del Supremo brasileño, al tiempo que acusó al tribunal de buscar desestabilizar la campaña de su hermano.

Este nuevo episodio judicial añade incertidumbre a un proceso electoral que mantiene a Brasil en vilo. Mientras el bolsonarismo denuncia una persecución política sistemática, el Poder Judicial sostiene que la orden de detención es un paso necesario para garantizar el imperio de la ley y evitar que el exfuncionario continúe utilizando su influencia internacional para interferir en las instituciones democráticas del país.

Fuente: Diario Popular