Un impactante derrumbe sacudió este viernes al barrio de Eastleigh, en Nairobi, cuando un edificio de varios pisos se vino abajo repentinamente. Las fuerzas de rescate trabajan a contrarreloj en un escenario complejo, rodeado de otras construcciones de gran altura, para intentar localizar a siete personas que permanecen desaparecidas tras el colapso.

Este tipo de siniestros lamentablemente no son una novedad en la capital keniana, donde el crecimiento inmobiliario acelerado suele ir de la mano con la informalidad. Según datos de la Inspección Nacional de Edificios, un alarmante 87% de las estructuras auditadas en el país no cumplen con las normativas vigentes ni cuentan con las habilitaciones necesarias, lo que convierte a estas obras en verdaderas trampas mortales.

El ministro del Interior, Kipchumba Murkomen, informó que de los 67 trabajadores que se encontraban en el lugar al momento del hecho, 66 lograron salir ilesos, mientras que uno resultó herido. Por su parte, el gobernador de Nairobi, Johnson Sakaja, fue tajante al señalar que la obra carecía de certificado de ocupación, evidenciando una falla crítica en los controles de seguridad que, una vez más, pone en riesgo la vida de los ciudadanos.

La situación en el lugar es de extrema tensión. Mientras los equipos de emergencia intentan despejar los escombros, la falta de supervisión profesional en el sector de la construcción fue duramente cuestionada por especialistas. Bibiye Mahmoud, de la Institution of Engineering Technology of Kenya, advirtió que la ausencia de rendición de cuentas por parte de contratistas e ingenieros es el factor determinante detrás de esta seguidilla de catástrofes que ya se cobró cientos de vidas en la última década.

La zona, un concurrido centro comercial de la comunidad somalí, se mantiene bajo un fuerte operativo policial para controlar a las multitudes y evitar saqueos. Mientras las autoridades intentan esclarecer las responsabilidades, el derrumbe vuelve a poner en el centro del debate la urgente necesidad de endurecer las políticas de control edilicio en una ciudad que crece a pasos agigantados pero, muchas veces, sin los cimientos legales necesarios.