El sistema financiero paraguayo atraviesa horas de máxima incertidumbre tras la intervención del Banco Central de Paraguay (BCP) sobre Ueno Bank, una de las entidades más relevantes del país. La medida se tomó luego de que se detectara que el banco no cumplía con los niveles mínimos de solvencia exigidos por la normativa vigente, lo que disparó el temor entre los ahorristas y sacudió los cimientos del gobierno de Santiago Peña.

La crisis escaló rápidamente a nivel político, provocando la salida inmediata de Carlos Carvallo de la presidencia del BCP por pedido del mandatario. La situación es particularmente sensible dado que el propio Peña fue accionista de Ueno Holding hasta 2025, lo que ha servido de combustible para que la oposición ya comience a hablar de un posible juicio político contra el presidente por presunto mal desempeño de sus funciones.

En cuanto a los números, el panorama es complejo: Ueno Bank reportaba depósitos por 2.836 millones de dólares hasta septiembre, aunque ya venía mostrando una fuga de capitales de 95 millones. Ante este escenario, el gobierno busca acelerar un proyecto de ley para activar los Fondos de Garantía de Depósitos, que cubren hasta 228,3 millones de guaraníes (unos 38.300 dólares) por cliente, mientras el BCP intenta llevar tranquilidad sobre el destino de los ahorros que superan ese tope.

El futuro inmediato dependerá de la gestión de los interventores designados por la Superintendencia de Bancos, quienes deberán auditar el patrimonio real de la entidad para definir si es posible una resolución o si el banco deberá enfrentar una liquidación definitiva. Mientras tanto, el mercado financiero regional observa con cautela, temiendo un efecto contagio que pueda afectar a otras entidades del sector.

La incertidumbre se mantiene en las calles, donde miles de clientes esperan definiciones concretas sobre los plazos y mecanismos para recuperar su dinero. Por ahora, el Ejecutivo apuesta a la celeridad legislativa para contener el descontento social y evitar que la crisis bancaria se transforme en una crisis de gobernabilidad sin retorno.