El Senado paraguayo removió este viernes de su cargo al presidente Santiago Peña, tras declararlo culpable de mal desempeño de funciones en un juicio político histórico. La decisión, que fue tomada de manera unánime por el Congreso, marca un punto de inflexión en la crisis institucional del país vecino: el mandatario no solo fue destituido, sino que quedó detenido por las fuerzas de seguridad inmediatamente después de la votación. En su reemplazo, asumió la presidencia Pedro Alliana, quien hasta hoy se desempeñaba como vicepresidente.

La caída de Peña tiene su origen en el escándalo financiero que rodea a Ueno Bank, entidad que fue intervenida esta semana por el Banco Central del Paraguay. Las acusaciones contra el exmandatario se centran en el uso de su influencia para desviar cientos de millones de dólares de fondos públicos hacia dicho banco, ignorando alertas sobre préstamos internos de alto riesgo. Este proceso, que se desarrolló en ausencia del presidente -quien había prometido defenderse pero finalmente optó por presentar una renuncia que no fue aceptada a tiempo-, culminó con su inhabilitación política, perdiendo incluso su derecho a convertirse en senador vitalicio.

El impacto de la medida es devastador para la economía local: el cierre de Ueno Bank dejó a casi 3 millones de clientes sin acceso a sus ahorros, incluyendo a 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social. Legisladores que actuaron como fiscales en el juicio denunciaron un desfalco estimado en 1.200 millones de dólares, calificando a la gestión de Peña como la más corrupta en la historia reciente del país. La crisis se agravó al conocerse que instituciones internacionales, como la Conmebol, también tenían depósitos millonarios en la entidad intervenida.

El futuro político de Paraguay es ahora una incógnita bajo la gestión de Alliana, quien deberá enfrentar una sociedad movilizada y un sistema financiero en terapia intensiva. La destitución de Peña, al ser por juicio político, le quita los fueros que le hubieran correspondido como expresidente, dejándolo a merced de la justicia penal ordinaria. El desafío del nuevo gobierno será reconstruir la confianza pública y esclarecer el destino de los fondos estatales perdidos en este entramado financiero.

En sus últimas horas antes de la votación, Peña intentó justificar su salida a través de redes sociales, asegurando que renunciaba para evitar una mayor inestabilidad. Sin embargo, el Congreso fue implacable y cerró el proceso con una condena que busca marcar un precedente contra la corrupción en la administración pública paraguaya.