Cuarenta mil empleados del Estado deberán hacer un examen de idoneidad

Manuel Adorni, vocero presidencial, anunció este jueves que 40 mil empleados que forman parte de la planta transitoria del Estado o están en condición de contratados serán evaluados por el Ejecutivo nacional a través de un examen de idoneidad. Y agregó, sin dar demasiadas precisiones y en pleno conflicto entre el Gobierno y las universidades, que las pruebas "van a estar coordinadas con la UBA".

El funcionario también adelantó que "la modalidad va a ser online para que no haya subjetividad en el proceso". Además, recordó que esta opción "está establecida en la Ley Bases, en el marco del decreto reglamentario del empleo público ". Luego, aclaró que "los discapacitados no van a participar del examen en primera instancia, ya que los sistemas requieren una adaptación adicional".

Al ser consultado por una estudiante universitaria sobre cuáles van a ser los criterios de idoneidad, Adorni respondió que todavía no estaban definidos, pero consideró que se van a evaluar "puntos muy elementales, como para cumplir las tareas básicas o las tareas de cada puesto". También señaló que quienes sean contratados "desde enero también van a tener que pasar por estos exámenes y va a ser una práctica normal y habitual".

Minutos después del anuncio del vocero elegido por Javier Milei para comunicar las novedades del Ejecutivo, desde el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger precisaron que los exámenes se tomarán "a todos los que se le renueva el contrato que vence el 31 de diciembre" y agregaron que "no será para personal de planta permanente". "Va a ser un requisito necesario, pero no suficiente, ya que después por supuesto van a definir la renovación o no por los parámetros usuales si la persona merece la renovación del contrato", agregaron desde esa cartera.

A través del decreto 695/2024, el Gobierno ya había establecido en agosto de este año una serie de modificaciones en el sistema de empleo público. Una de las principales innovaciones fue la introducción de una "Evaluación General de conocimientos y competencias" para trabajar en el Estado. Bajo un sistema de anonimato, la identificación del candidato se realizará únicamente una vez calificado.

La normativa también estableció que la máxima autoridad de la jurisdicción o del organismo descentralizado correspondiente al cargo concursado será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos, "así como de las previsiones pertinentes de las normas sobre ética en el ejercicio de la función pública". En casos pertinentes, la Unidad de Recursos Humanos podrá consultar a la Oficina Anticorrupción, la cual deberá expedirse en un plazo de cinco días.

Además, las personas designadas deberán presentar una declaración jurada patrimonial y sus antecedentes laborales cuando la función a desempeñar lo requiera. Además, se estipuló que "no podrá efectuarse ninguna designación sin la correspondiente acreditación del certificado de aptitud psicofísica".

Y se determinó que el desempeño del empleado será evaluado constantemente y, para ser promovido, el personal deberá someterse nuevamente a una instancia de evaluación. Esta medida, según se consignó en su momento, busca garantizar que los empleados estatales mantengan un alto nivel de competencia y rendimiento a lo largo de su carrera.

El régimen de contrataciones incluye también la contratación por tiempo determinado y la designación en plantas transitorias. Estas modalidades están destinadas a actividades de carácter transitorio o estacional. Los contratos especificarán las funciones del empleado, la equiparación escalafonaria y la duración del trabajo. El personal contratado bajo este régimen no gozará de estabilidad y su contrato podrá ser rescindido en cualquier momento.

Fuente: Diario Popular