Enero de 2026 encendió una señal de alerta para las finanzas provinciales, con una caída real interanual de la coparticipación federal del 7,5%, en un contexto de inflación estimada en 2%. El retroceso coincidió con el debate legislativo por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, que incluye una reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, un tributo clave en la masa coparticipable. La combinación de menor recaudación y discusión fiscal reabrió tensiones entre las provincias y la Casa Rosada.

Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los recursos de origen nacional transferidos a las provincias disminuyeron 6,2% real interanual en enero, con una contracción más pronunciada en la Coparticipación Federal de Impuestos. El principal factor de arrastre fue el desplome del IVA, que cayó 11,3% real, reflejando la debilidad del consumo y la actividad.

El diagnóstico fue coincidente con el relevamiento de Politikon Chaco, que calificó el inicio de 2026 como uno de los peores desde al menos 2017 en términos de envíos automáticos, con una merma real del 6,7% pese al aumento nominal.

La caída fue generalizada en las 24 jurisdicciones. Salta y Buenos Aires registraron los descensos más moderados, mientras que Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires encabezaron las bajas. En el caso de la coparticipación pura, la contracción se ubicó cerca del 8% real.

Este deterioro ocurre mientras el Gobierno impulsa cambios en Ganancias, que junto con el IVA explican cerca del 95% de la masa coparticipable, lo que amplifica el impacto fiscal sobre las provincias. Un informe del diputado Guillermo Michel estimó que la reforma implicaría una pérdida total de recaudación de $3,1 billones en 2026, de los cuales $1,7 billones corresponderían a las provincias.

Frente a este escenario, los gobernadores endurecieron su postura y condicionaron su apoyo a la reforma laboral a la implementación de mecanismos de compensación. Entre los reclamos se destaca la propuesta de volver a coparticipar el impuesto al cheque y reactivar obras públicas nacionales.

Mandatarios como Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil plantearon la necesidad de sostener el funcionamiento de los Estados provinciales y los servicios esenciales, mientras que otros espacios provinciales reclamaron un debate legislativo sin apuro y con garantías fiscales.

A la caída de la coparticipación se sumó el derrumbe de las transferencias discrecionales, que en enero totalizaron $39.491 millones y mostraron una baja real interanual del 65,4%, el segundo peor registro desde 2005. La concentración de esos fondos en pocos distritos y la alta dependencia de muchas provincias de los recursos nacionales profundizaron la fragilidad del esquema.

Sin el efecto amortiguador de tributos no coparticipables, como ocurrió en 2024, el inicio de 2026 combinó menor coparticipación, mínimos históricos en envíos discrecionales y ausencia de ingresos compensatorios, un cuadro que explica la resistencia de los gobernadores a avanzar en cambios tributarios sin garantías.