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El Ministerio de Salud de la Nación oficializó el nuevo protocolo que obliga a los extranjeros sin residencia permanente a abonar las prestaciones médicas que no sean de emergencia en los hospitales bajo órbita estatal. La medida, que busca ordenar el sistema sanitario, establece que quienes no cuenten con cobertura de salud deberán cancelar el arancel correspondiente antes de recibir la atención programada, mientras que aquellos con seguro médico verán facturados los costos a sus aseguradoras.
Esta resolución se enmarca en las modificaciones introducidas por el DNU 366/2025 a la Ley de Migraciones, que busca poner freno a lo que el Gobierno denominó como "turismo sanitario". Según el Ejecutivo, se detectó una práctica recurrente donde ciudadanos extranjeros ingresan al país con el único fin de acceder a servicios de alta complejidad o tratamientos gratuitos, lo que, según argumentan, impacta negativamente en la sostenibilidad y calidad de los recursos destinados a la población local.
El procedimiento es claro: si la atención no es una urgencia, el hospital deberá verificar la condición migratoria. Solo quienes acrediten residencia permanente con DNI vigente podrán acceder al sistema en igualdad de condiciones que los argentinos. Para el resto, se exigirá un seguro de salud válido o el pago previo del 100% del nomenclador vigente. En caso de contar con cobertura, el efector emitirá una factura electrónica de exportación de servicios, otorgando un plazo de 45 días para el pago, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales.
Desde el ámbito sanitario, se aclaró que la atención de emergencias sigue siendo un derecho inalienable. Ante situaciones de riesgo de vida -como infartos, accidentes graves o complicaciones obstétricas-, los hospitales tienen la obligación de asistir al paciente de inmediato, sin demoras burocráticas ni exigencias de pago. Ante la duda sobre la gravedad del cuadro, el criterio médico siempre priorizará la urgencia, dejando los trámites administrativos para una instancia posterior a la estabilización del paciente.
Con esta normativa, el Gobierno busca estandarizar los flujos financieros en todos los hospitales nacionales, garantizando que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente. La implementación incluye capacitaciones específicas para el personal de admisión y auditoría, quienes tendrán la responsabilidad de clasificar cada caso y asegurar que el recupero de costos se realice conforme a la nueva reglamentación, sin vulnerar el acceso a la salud en situaciones críticas.
Con información de Infobae