La investigación judicial por la contaminación de lotes de fentanilo en la planta de Ramallo, que dejó un saldo trágico de 90 fallecidos y 44 afectados, apunta a una negligencia técnica puntual: la desconexión de una manguera de apenas tres milímetros durante cinco segundos. Este breve lapso fue suficiente para romper la esterilidad del circuito de producción, permitiendo el ingreso de bacterias a una mezcla que, posteriormente, fue distribuida en el sistema sanitario.

Según los peritajes, el incidente ocurrió en la etapa final de elaboración, cuando el fentanilo disuelto se trasladaba hacia el envasado. Las Buenas Prácticas de Fabricación exigen que, ante cualquier anomalía de este tipo, el proceso se detenga inmediatamente y se descarte el producto. Sin embargo, la hipótesis central es que los operarios reconectaron el conducto y continuaron con la producción, liberando tres lotes contaminados al mercado.

La causa, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, se nutre de chats entre empleados donde admiten que el producto estaba "re contaminado" y que se intentó ocultar la irregularidad. Además, se investiga un intento desesperado de "re-esterilización" mediante calor, una maniobra que no solo fue ineficaz, sino que pudo haber alterado las propiedades químicas del fármaco, sumado a la presunta destrucción de documentación clave para encubrir lo sucedido.

El expediente no solo pone la lupa sobre los responsables de la firma HLB, sino también sobre exfuncionarias de la ANMAT y el INAME. La Justicia busca determinar por qué se ignoraron las alertas previas sobre la falta de protocolos de seguridad y si existió una connivencia que permitió que medicamentos peligrosos llegaran a los pacientes sin ningún tipo de control efectivo.

En los próximos días, el Juzgado Federal N° 3 de La Plata definirá la situación procesal de las exfuncionarias imputadas. Mientras tanto, el caso se consolida como una de las mayores crisis sanitarias de los últimos años, dejando al descubierto fallas estructurales en la cadena de producción y fiscalización de insumos médicos críticos en la Argentina.

Fuente: Diario Popular