El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, fue trasladado este viernes a la cárcel de Paraná para comenzar a cumplir su condena de ocho años de prisión. La detención se concretó luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimara los últimos recursos presentados por su defensa, dejando firme la sentencia por el direccionamiento de contratos de publicidad oficial durante su gestión al frente de la provincia.

La causa, que tuvo su sentencia original en abril de 2022, investigó un complejo entramado de corrupción entre 2010 y 2015. Según la Justicia, el exmandatario utilizó fondos públicos para beneficiar a empresas sin actividad real y a un esquema de testaferros vinculado a su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Además de la pena privativa de la libertad, el fallo ratifica la inhabilitación perpetua para que Urribarri pueda ejercer cargos públicos en el futuro.

Junto al exgobernador, también fueron arrestados Juan Pablo Aguilera y el exministro Pedro Báez, quienes recibieron penas de seis años de prisión. La resolución del máximo tribunal, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, alcanzó además a otros implicados como Gerardo Daniel Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi y Luciana Belén Almada, cuyos planteos fueron declarados inadmisibles bajo el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.

El caso Urribarri ha sido un largo proceso judicial que incluyó pasos por la embajada argentina en Israel y una detención preventiva previa a principios de 2025. Si bien la defensa intentó agotar todas las instancias, el fallo de la Corte cierra la puerta a nuevas apelaciones, marcando un hito en la lucha contra la corrupción administrativa en Entre Ríos y poniendo fin a la incertidumbre sobre el cumplimiento efectivo de las penas.

Con este traslado, el exgobernador queda ahora a total disposición de la Justicia entrerriana. La resolución judicial no solo ratifica las condenas, sino que también envía un mensaje contundente sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en el manejo de los recursos del Estado, cerrando así uno de los expedientes más resonantes de la política provincial de la última década.