El Gobierno nacional puso en marcha la hoja de ruta para el Presupuesto 2027 con un despliegue político intenso: el jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibirá a siete mandatarios provinciales en apenas 24 horas. El objetivo central es blindar los apoyos necesarios en el Congreso antes de que el proyecto comience a debatirse formalmente en las comisiones, buscando destrabar los puntos más conflictivos de la agenda oficialista.

Esta serie de encuentros llega en un momento clave, tras la presentación formal del proyecto en la Cámara de Diputados. La estrategia del Ejecutivo busca anticiparse a los reclamos de las provincias, que llegan a la Casa Rosada con la lupa puesta en el reparto de partidas para obras públicas y el impacto de las previsiones económicas en sus propias arcas. La presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en algunas de estas reuniones subraya la importancia que el Gobierno le otorga a la disciplina fiscal en este proceso.

En cuanto a los números, el proyecto oficial plantea metas ambiciosas: una inflación anual del 18%, un crecimiento del PBI del 4% y un dólar proyectado a $1.847 para el cierre del año. El plan contempla una inversión en obras de infraestructura -rutas, acueductos y saneamiento- que asciende a $1,36 billones en total, aunque para el ejercicio 2027 se prevé una ejecución efectiva de $156.576 millones, una brecha que promete ser el eje de las discusiones con los gobernadores.

De cara al futuro, la negociación no será sencilla. Mientras el oficialismo busca sostener el superávit financiero, los mandatarios provinciales presionan por la reactivación de obras estratégicas. Un dato que no pasó desapercibido es la ausencia de una partida específica para la Base Naval Integrada de Ushuaia, un proyecto que el Ministerio de Defensa considera prioritario, lo que podría sumar un nuevo frente de conflicto en las próximas semanas.

Con la agenda ya confirmada, el Gobierno busca cerrar filas rápidamente. La ronda de diálogo, que incluye a referentes de diversas provincias como Tucumán, Corrientes, Salta y Jujuy, será el termómetro que defina si el Presupuesto 2027 contará con el consenso político necesario para avanzar sin sobresaltos en un año que, además, tendrá una fuerte carga electoral.