El Gobierno nacional decidió recalibrar su estrategia legislativa para el Presupuesto 2027, abriendo una instancia de negociación con bloques aliados, rectores y sectores vinculados a la discapacidad. Ante la presión de la oposición dialoguista -principalmente PRO y UCR-, desde Balcarce 50 reconocen que los cambios introducidos en el proyecto original tensaron la cuerda y ahora buscan consensos que permitan destrabar el tratamiento parlamentario sin resignar el equilibrio fiscal.

El conflicto tiene raíces profundas en ambos sectores. En el ámbito de la discapacidad, la intención oficial de no prorrogar la emergencia nacional para 2027 generó un cortocircuito con los acuerdos previos que el oficialismo mantenía con sus aliados. Por el lado universitario, la brecha entre los 7,3 billones de pesos proyectados por el Ejecutivo y los 11 billones que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mantiene un frente de batalla abierto tanto en el Congreso como en los tribunales, donde las cautelares por financiamiento y salarios siguen vigentes.

Los números son el eje central de las disputas. En discapacidad, el Gobierno busca reemplazar la emergencia por un nuevo esquema de financiamiento que modifique el nomenclador actual, buscando que cada financiador tenga mayor autonomía sobre los valores prestacionales. En el terreno universitario, la diferencia de 3,6 billones de pesos es el punto de partida para una negociación que pretende ser integral: el Ejecutivo busca que un acuerdo presupuestario sea la llave para desactivar las presentaciones judiciales que hoy complican la ejecución de las partidas.

La perspectiva del oficialismo es utilizar la ley de leyes como un espacio de resolución política. La idea es que, al elevar los montos destinados a las casas de altos estudios, se pueda presentar ante la Justicia una nueva realidad presupuestaria que permita reencauzar el conflicto salarial y de funcionamiento. En discapacidad, la apuesta es ceder recursos para evitar una derrota legislativa que fuerce la prórroga de la emergencia, buscando un punto medio que satisfaga a los prestadores sin desordenar las cuentas públicas.

Con el tratamiento en Diputados en el horizonte, el Gobierno admite que deberá ceder terreno en ambos capítulos para evitar que el Presupuesto se convierta en un nuevo foco de conflicto. Si bien los montos finales aún son una incógnita, la Casa Rosada apuesta a que el diálogo parlamentario logre cerrar las heridas antes de que la falta de acuerdos se traduzca en nuevos reveses legislativos o en un agravamiento de la judicialización de las políticas públicas.

Fuente: TN