La economía argentina encendió las alarmas tras registrar en julio un desplome del 2,9% mensual, marcando el retroceso más pronunciado desde los meses críticos del aislamiento por Covid-19 en 2020. Este indicador, que mide el pulso de la actividad nacional (EMAE), confirmó los temores de analistas y sectores productivos, dejando al país al borde de una recesión técnica de cara al cierre del tercer trimestre.

Para encontrar una caída de esta magnitud, hay que remontarse a septiembre de 2019, en el tramo final de la gestión de Mauricio Macri. El dato oficial del INDEC expuso la fragilidad de un esquema que, hasta ahora, solo ha mostrado dinamismo en sectores aislados como la pesca y la minería, sin lograr un efecto contagio positivo hacia el resto del entramado productivo, especialmente en la industria y la construcción, que vienen de meses de fuertes contracciones.

El informe detalla que la actividad económica se vio golpeada por un combo de factores: salarios reales que aún no logran recuperarse, un crédito que no termina de despegar y un consumo masivo que acumula una baja del 2,7% en lo que va del año. Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, intentó matizar el resultado atribuyéndolo a causas transitorias como el impacto del Mundial de fútbol, las inclemencias climáticas que afectaron la construcción y la escasez de gas, los especialistas advierten que el problema es de fondo y estructural.

Las perspectivas para lo que resta del año no son alentadoras. Los economistas coinciden en que, incluso si agosto mostrara una leve recuperación, será extremadamente difícil evitar la recesión técnica. La falta de un motor de demanda interna -sumado a una inversión que acumula cinco trimestres en baja- genera un escenario de incertidumbre, donde el Gobierno apuesta todo a la estabilidad cambiaria y a la baja de la inflación para intentar traccionar, eventualmente, una mejora en los ingresos de los hogares.

En definitiva, el panorama económico se presenta complejo y sin herramientas claras a la vista para revertir el estancamiento. Con el calendario electoral de 2027 asomando en el horizonte, la capacidad del Gobierno para reactivar la demanda doméstica y el empleo registrado se ha convertido en el principal desafío, mientras el sector privado mantiene una postura de cautela extrema ante la falta de señales de crecimiento sostenido.