El Senado de la Nación aprobó la reforma del régimen de Zona Fría en una sesión marcada por la tensión política y la ausencia de Unión por la Patria, que intentó sin éxito hacer caer el quórum. Con el respaldo de aliados provinciales del norte del país, La Libertad Avanza logró sancionar el nuevo esquema que modifica los beneficios vigentes, priorizando un modelo de subsidios focalizados en lugar de la cobertura geográfica generalizada que regía hasta el momento.

El antecedente inmediato se remonta a la ley de 2021, que había incorporado a más de 3 millones de hogares de diez provincias a un esquema de descuentos de entre el 30% y el 50% en las facturas de gas. Aquella norma, que buscaba aliviar el costo energético en regiones con inviernos rigurosos, es ahora reemplazada por un sistema que, según el oficialismo, busca mayor justicia distributiva al considerar la capacidad socioeconómica de los usuarios y no solo su ubicación climática.

Los datos técnicos indican que la reforma impactará en 11 distritos, donde se estima que entre 1,6 y 2,5 millones de hogares dejarán de percibir el subsidio automático. El Gobierno nacional proyecta un ahorro anual de 400 millones de dólares, fondos que se destinarán a cancelar deudas con distribuidoras eléctricas y a reducir el recargo por transporte energético. El beneficio se mantendrá para la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, además de contemplar a personas con discapacidad y excombatientes que no superen tres Canastas Básicas.

Las perspectivas sobre la medida son contrapuestas. Mientras que el oficialismo y sus aliados defienden la necesidad de un sistema más eficiente y razonable, sectores de la oposición y legisladores de provincias afectadas denunciaron que la reforma es arbitraria y carece de rigor técnico. Además, surgieron críticas sobre supuestos acuerdos políticos con gobernadores del norte, a quienes se les habría prometido un régimen de "zona cálida" para compensar la pérdida de beneficios en otras áreas.

El cierre de la sesión dejó en evidencia una nueva configuración de fuerzas en el Congreso, donde el Gobierno logró imponer su agenda mediante alianzas estratégicas. Con la sanción definitiva, el Ejecutivo avanza en su plan de reordenamiento de los subsidios energéticos, aunque la implementación del nuevo esquema y su impacto real en el bolsillo de los usuarios sigue siendo un punto de alta sensibilidad social y política.