El fiscal federal Gerardo Pollicita avanzó en la causa que investiga el patrimonio de Manuel Adorni y ordenó una pericia técnica sobre ocho billeteras virtuales de Bitcoin. El objetivo central es corroborar si los casi 600 mil dólares que el funcionario declaró como producto de la venta de activos digitales coinciden efectivamente con las operaciones registradas en la blockchain.

La controversia se originó cuando la defensa de Adorni presentó estas direcciones para respaldar la tenencia de 565.000 dólares en efectivo, argumentando que el dinero provino de inversiones realizadas entre 2014 y 2018. Ante las dudas sobre la veracidad de este origen, el fiscal busca ahora despejar el panorama mediante un procedimiento técnico que contará con la supervisión de la Policía Federal.

El peritaje será exhaustivo: el abogado del exfuncionario deberá presentarse con las claves privadas y una computadora para ingresar a las cuentas mediante software especializado. Allí, se realizarán firmas digitales de mensajes provistos por la Fiscalía para verificar la titularidad de los fondos. Todo el proceso quedará registrado en video y bajo estricta vigilancia judicial para evitar cualquier tipo de manipulación de la evidencia digital.

Más allá del mundo cripto, la investigación también pone el foco en el entorno familiar del funcionario. Pollicita solicitó a la ANSES y a la ARCA (ex AFIP) un informe detallado sobre la historia laboral y fiscal tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti. Se busca reconstruir si los ingresos declarados por ambos son coherentes con su nivel de vida, incluyendo la compra de inmuebles y las reformas realizadas en propiedades privadas.

Con esta batería de medidas, la Justicia busca determinar si el crecimiento patrimonial de Adorni guarda relación con sus ingresos legítimos o si existen inconsistencias que deban ser explicadas en sede judicial. El fiscal espera ahora la autorización del juez de la causa para proceder con el levantamiento del secreto fiscal y avanzar en el cruce de datos sobre las compras de moneda extranjera y las declaraciones juradas de los últimos años.