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El Gobierno nacional lanzó un ultimátum al Reino Unido, exigiendo que en un plazo máximo de dos semanas se suspendan todas las actividades vinculadas al proyecto hidrocarburífero Sea Lion en las Islas Malvinas. La Casa Rosada advirtió que, de no mediar una respuesta favorable, iniciará un proceso de arbitraje internacional ante el Tribunal del Derecho del Mar para frenar lo que considera una explotación ilegal de recursos en la plataforma continental argentina.
Este reclamo se fundamenta en resoluciones históricas de las Naciones Unidas, como la 2065 y la 31/49, que instan a ambas naciones a evitar decisiones unilaterales que alteren el status quo mientras persiste la disputa de soberanía. Argentina sostiene que la extracción de recursos en el archipiélago genera un daño irreversible a sus derechos soberanos, desestimando cualquier pretensión británica que busque validar la ocupación mediante referéndums unilaterales o denominaciones administrativas ajenas al derecho internacional.
La ofensiva diplomática y jurídica no se limita al petróleo. El Ejecutivo detectó vuelos no autorizados de la firma Thales UK entre Punta Arenas y las islas, por lo que el presidente Javier Milei ordenó avanzar con denuncias penales y sanciones administrativas contra la empresa. Estas maniobras aéreas, realizadas sin el aval de la autoridad aeronáutica argentina, son vistas como una nueva provocación en el marco del conflicto por la soberanía del Atlántico Sur.
Desde el oficialismo aseguran que la postura argentina es innegociable y que se agotarán todas las instancias legales disponibles. La estrategia busca internacionalizar el reclamo y poner un freno definitivo a la explotación de recursos naturales en la zona, reafirmando que la defensa de las islas es una política de Estado que se sostiene con acciones concretas y no solo con declaraciones retóricas.
El Gobierno cerró el comunicado con un mensaje contundente: Argentina no permanecerá pasiva ante los avances británicos y utilizará todas las herramientas diplomáticas y jurídicas a su alcance para proteger su territorio. La tensión entre Buenos Aires y Londres escala a un nuevo nivel, marcando un precedente en la firmeza con la que la actual administración pretende abordar la cuestión Malvinas.