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El Gobierno nacional decidió aplazar una vez más la actualización del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL), trasladando el impacto del incremento para el mes de noviembre. La medida, oficializada este miércoles a través del Decreto 1126/2026, busca contener la presión sobre los precios finales que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.
Esta decisión se suma a una serie de postergaciones que el Ejecutivo viene aplicando desde mediados de 2024. El objetivo central ha sido evitar que los ajustes impositivos, que deben actualizarse trimestralmente según la inflación, se trasladen de forma brusca a los surtidores, afectando el bolsillo de los ciudadanos y acelerando los índices inflacionarios.
Según datos de la consultora Economía y Energía, la política de diferir estos incrementos durante el 2025 ha significado para el Estado una resignación de ingresos fiscales cercana a los 2.326 millones de dólares. El decreto especifica que la prórroga se fundamenta en la necesidad de mantener un sendero fiscal sostenible mientras se busca estimular la actividad económica.
El escenario actual es complejo, ya que la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente presiona sobre los costos energéticos globales. A esto se le suma que las petroleras ya habían aplicado ajustes propios en los últimos días, lo que obligó al Gobierno a intervenir para evitar un efecto cascada que termine impactando negativamente en el consumo interno.
Cabe recordar que el esquema vigente contempla excepciones y montos diferenciales para zonas específicas, como el departamento de Malargüe en Mendoza, la Patagonia y el partido bonaerense de Patagones. Con esta nueva prórroga, el Ejecutivo gana tiempo en su estrategia de equilibrio entre la recaudación impositiva y la estabilidad de los precios en un contexto económico todavía sensible.