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La Corte Suprema de Justicia de la Nación oficializó la convocatoria de dos conjueces para avanzar en el análisis de la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, normativa que dispuso la derogación de la Ley de Tierras. La decisión se tomó tras el acuerdo de este martes, donde los ministros del máximo tribunal no lograron alcanzar una postura unánime, obligando a buscar una integración extraordinaria para destrabar el expediente.
El origen de esta causa se remonta a una demanda presentada por la Asociación Civil Árbol de Pie. La organización ambientalista sostiene que la flexibilización en la venta de tierras a extranjeros vulnera el derecho a la protección del ambiente, garantizado por la Constitución Nacional. El caso llega a la Corte tras un largo peregrinaje judicial que incluyó instancias en Bariloche y la Cámara Federal de La Plata, donde el planteo no había logrado ser tratado en profundidad.
Este movimiento judicial se produce poco después de que el máximo tribunal rechazara, por falta de legitimación, el reclamo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM). En aquella oportunidad, la Corte aclaró que su negativa se basó en cuestiones estrictamente procesales y dejó la puerta abierta para que otros expedientes, como el de Árbol de Pie, fueran analizados bajo el régimen de procesos colectivos, permitiendo así que el debate de fondo sobre la extranjerización de tierras vuelva a estar sobre la mesa.
El escenario judicial se presenta complejo y con alta sensibilidad política. Mientras el Gobierno nacional defiende la desregulación, diversos sectores gremiales y agrupaciones políticas han manifestado su rechazo, organizando movilizaciones hacia los Tribunales. En paralelo, otros sectores de la oposición, como los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, han intentado frenar la venta de tierras por vías cautelares, aunque hasta el momento sin éxito en los estrados judiciales.
En las próximas horas se llevará a cabo el sorteo para designar a los dos conjueces que integrarán el tribunal. La resolución de este caso será clave, ya que sentará un precedente fundamental sobre la validez del DNU 70/23 en materia de recursos naturales y soberanía territorial, marcando el pulso de una disputa legal que mantiene en vilo tanto al Poder Ejecutivo como a las organizaciones de la sociedad civil.
Fuente: NA