Un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, declaró inconstitucional el decreto 759/2025 con el que el Ejecutivo buscaba frenar la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución ordena al Gobierno nacional que arbitre de manera inmediata las medidas necesarias para poner en marcha la norma, al considerar que el mecanismo utilizado para bloquearla fue una maniobra extraconstitucional que vulnera la voluntad del Congreso.

El conflicto tiene su origen en el veto presidencial aplicado por Javier Milei a la ley aprobada en agosto de 2025. Pese a que el Poder Legislativo logró ratificar la norma con una mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras, el Gobierno intentó neutralizarla mediante el decreto mencionado, amparándose en la Ley de Administración Financiera para condicionar su ejecución a la falta de partidas presupuestarias específicas.

El magistrado desestimó este argumento recordando que la propia Ley 27.795 incluía herramientas para su financiamiento y que el Ejecutivo cuenta con facultades para reasignar partidas, tal como lo hizo en reiteradas ocasiones durante los años en que se prorrogó el presupuesto de 2023. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la medida representaba apenas el 0,23% del PBI, una cifra que el juez consideró insuficiente para justificar la suspensión de una ley de tal relevancia educativa.

La sentencia, que responde a un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la UBA, subraya que el Ejecutivo no puede eludir el cumplimiento de una ley ratificada por el Parlamento. El fallo destaca que la norma es vital para garantizar salarios docentes, becas estudiantiles y el normal funcionamiento de las casas de altos estudios, áreas que ya contaban con una medida cautelar previa que exigía su protección.

Aunque el Gobierno tiene la posibilidad de apelar esta decisión de primera instancia, la resolución actual deja sin efecto el bloqueo administrativo y exige una reglamentación inmediata. De esta manera, el Poder Ejecutivo queda obligado a definir las partidas presupuestarias necesarias para cumplir con los objetivos de desarrollo, investigación y actualización salarial que establece la ley.

Fuente: Diario Popular