El presidente Javier Milei denunció lo que calificó como la "estafa de las banderas nobles", acusando a sectores del socialismo de instrumentalizar causas sociales para encubrir negocios políticos y cajas millonarias. El mandatario apuntó contra la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos destinados a áreas sensibles, en un contexto marcado por la reciente controversia en redes sociales sobre supuestos certificados de discapacidad mal habidos.

La polémica estalló luego de que circularan versiones que involucraban a la ex participante de Gran Hermano, Romina Uhrig, en el uso indebido de beneficios para personas con discapacidad. Ante la viralización de estas acusaciones, la mediática salió al cruce en sus redes sociales, desmintiendo cualquier irregularidad mediante la exhibición de comprobantes de pago de peajes y su documentación personal, buscando despejar dudas sobre su situación judicial y el uso de privilegios.

En su descargo, Uhrig presentó un ticket de peaje y su visa como pruebas de su conducta, aunque estos elementos no logran disipar por completo las dudas sobre el uso de certificados en otras instancias. Por su parte, el Gobierno sostiene que el sistema de asignación de estos beneficios carece de los controles necesarios, lo que permite que estructuras burocráticas manejen recursos sin rendición de cuentas clara ante la ciudadanía.

Desde la óptica del Presidente, este mecanismo es un patrón repetitivo en América Latina: se elige una causa moralmente incuestionable -como la discapacidad, los jubilados o la universidad pública- para exigir mayores partidas presupuestarias. Según Milei, cuando el Ejecutivo intenta auditar estos gastos, se enfrenta a un "chantaje moral" donde se acusa al Gobierno de atacar a los sectores más vulnerables para proteger, en realidad, los privilegios de la casta.

El jefe de Estado concluyó su mensaje exigiendo una auditoría profunda y transparencia total en la administración estatal. "No defienden derechos, defienden cajas", sentenció Milei, reclamando que se publiquen todos los contratos y que cada responsable rinda cuentas hasta el último peso, bajo la premisa de que los argentinos tienen derecho a saber cómo se utiliza el dinero público.

Fuente: NA