Una oficial de la Policía de San Luis de 25 años atraviesa una pesadilla que combina violencia de género, extorsión y una cuestionable respuesta institucional. Noelia Daiana Durán Rosales denunció que su expareja, un abogado y expolicía de 42 años, viralizó fotografías íntimas suyas entre sus superiores y compañeros de fuerza tras una ruptura conflictiva. La agente asegura que, lejos de recibir contención, ha sufrido traslados constantes de dependencia, lo que interpreta como un intento de invisibilizarla y castigarla por una situación de la que es víctima.

El conflicto se desató en julio pasado, cuando Noelia decidió terminar su relación de cinco años con Ezequiel Roberto Domínguez al descubrir material comprometedor en su computadora. A partir de allí, la joven comenzó a recibir mensajes extorsivos que exigían el pago de dos millones de pesos bajo amenaza de difundir imágenes privadas. Ante la negativa de la mujer a ceder ante el chantaje, el material fue enviado a las autoridades del Instituto Superior de Seguridad Pública, donde ella trabajaba como instructora, y posteriormente compartido en grupos de WhatsApp de la fuerza.

El impacto en la carrera de la uniformada fue inmediato: fue apartada de su rol como capacitadora y trasladada cuatro veces en un solo mes a dependencias alejadas. Pese a contar con una medida de restricción vigente y haberse mudado a un domicilio reservado, Noelia denuncia que el hostigamiento persiste a través de llamados de números ocultos y presiones de terceros. La causa se encuentra radicada en la Fiscalía de Instrucción Penal N°1, bajo la carátula de violencia de género, a la espera de pericias informáticas que determinen el origen de los mensajes y la filtración.

Por su parte, la defensa de Domínguez, encabezada por el abogado Federico Farías, niega rotundamente las acusaciones. El letrado sostiene que su cliente nunca tuvo acceso a las imágenes y ha planteado una estrategia que apunta a la existencia de un perfil de OnlyFans, supuestamente vinculado a la denunciante, desde donde se habría comercializado contenido. Noelia desmintió categóricamente estas versiones, señalando que se trata de una maniobra para desviar la atención y revictimizarla, y confía en que la investigación técnica esclarecerá la autoría del hecho.

A pesar de la presión psicológica y el desgaste laboral, la oficial se mantiene firme en su intención de continuar dentro de la fuerza. Con la mirada puesta en la justicia, su reclamo es claro: busca que cese el acoso, que se garantice su seguridad y que su desempeño profesional no se vea condicionado por los hechos de su vida privada. La causa continúa su curso en los tribunales de San Luis, mientras la sociedad local sigue de cerca el desenlace de este caso de violencia digital.